Un recurso de protección busca frenar la entrega de antecedentes personales de menores de edad que participan en programas públicos de identidad de género en Chile.

La acción fue interpuesta por la Defensoría de la Niñez contra la contralora Dorothy Pérez, en medio de un desacuerdo con la Contraloría General de la República sobre el alcance de una solicitud de información enviada al Ministerio de Salud.

La controversia se desencadenó tras un oficio fechado el 16 de enero, mediante el cual la Contraloría reiteró a la Subsecretaría de Redes Asistenciales su requerimiento de datos individualizados de niños, niñas y adolescentes inscritos en la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y en el Programa Salud Trans.

Entre los antecedentes solicitados figuran el RUT, nombre social y registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso y egreso, establecimiento de salud correspondiente y estado de vigencia en el programa.

Desde el órgano fiscalizador sostienen que la información es necesaria para verificar la correcta utilización de recursos públicos asignados a dichas iniciativas.

La Defensoría, en cambio, argumenta que la petición involucra datos sensibles y reservados, cuya entrega podría afectar derechos fundamentales, recogió La Tercera.

En su presentación judicial, la Defensoría acusa que el actuar de la Contraloría es ilegal y arbitrario, y que vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida e integridad psíquica, la igualdad ante la ley y la protección de la vida privada.

Asimismo, afirma que la solicitud contraviene estándares internacionales y normativa nacional que establecen una protección reforzada para los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo relativo al tratamiento de datos personales.