Foto: Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, exalcaldes de Las Condes

Por Alfredo Peña R.

Las múltiples irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (Amzo), disuelta hace sólo un año, abrieron duros flancos para tres municipios históricamente controlados por alcaldes de Chile Vamos, RN en Vitacura con Raúl Torrealba y Evopoli con Camila Merino, Cristóbal Lira, de la UDI en Lo Barnechea, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, ambos militantes de la UDI y Felipe Guevara, también de RN en Lo Barnechea.

Falta de controles en procedimientos financieros, pagos millonarios por proyectos inconclusos, y honorarios sin respaldo, fueron algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría en la auditoría realizada a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), la que tuvo por finalidad analizar la correcta percepción de los recursos, así como su debido uso y rendición, entre 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, y otros periodos según ameritaba la investigación.

En el análisis, se detectó que la asociación en proceso de disolución, y que hasta 2024 agrupaba a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, desembolsó $1.348.615.730 para realizar el proyecto «Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada». Sin embargo, dicha iniciativa no fue finalizada, a pesar de que se encontraba en sus últimas etapas.

Pasaje para Lavín a Holanda

Contraloría también observó la contratación de servicios ajenos al objeto de la asociación, debilidades estructurales en los controles internos, y la compra de un pasaje aéreo a Europa para el entonces presidente de la AMZO y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sin justificación válida. “Se verificó la adquisición de pasaje aéreo (…) para efectuar viaje a Países Bajos, situación que no se encuentra debidamente acreditada como parte del objeto de la asociación”, indica el informe.

Durante el periodo fiscalizado, la AMZO fue presidida por Joaquín Lavín, seguido por Daniela Peñaloza en 2021. En el directorio también participaron Camila Merino (Vitacura) y Cristóbal Lira (Lo Barnechea), así como los exalcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara, todos militantes de Chile Vamos.

Otro de los hallazgos reveló que hubo periodos, entre 2018 y 2021, en que las personas contratadas a honorarios por la AMZO no proporcionaron informes de sus actividades contratadas, pese a haber recibido pagos por $170.510.058. Asimismo, respecto de otros prestadores que sí confeccionaron reportes de actividades -documentos que fueron proporcionados por la Asociación- la CGR solicitó antecedentes adicionales para respaldar los servicios informados, sin embargo, esta información no fue entregada, lo que impidió verificar que quienes recibieron diversos montos que suman $271.555.162, cumplieron realmente con la totalidad de las labores para las cuales fueron contratados. Por ello, y atendido lo ordenado por su ley orgánica, la Contraloría remitirá el presente informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para su conocimiento y fines pertinentes, en relación a dicho aspecto.

Asesoría comunicacional por 70 millones con análisis de publicaciones de Lavín y del expresidente Macri de Argentina

La CGR también detectó que la AMZO contrató a la empresa Ideograma SpA, por $69.235.847, para la asesoría de comunicación estratégica y tendencias urbanas. No obstante, estos servicios, si bien presentaban una temática general, se referían, en específico, a materias que se alejaban de las funciones y servicios de la asociación misma. Por ejemplo, el documento denominado “Instagram: Usos políticos y buenas prácticas” incluía información como “análisis de usuarios en Chile y el mundo”, “Políticos con más seguidores”, “Instagram como herramienta para crear nuevas relaciones: Instagram es una red social. Y como tal, sirve (y mucho) para aumentar la capacidad relacional del político, de la alcaldía, del partido”; y “Análisis de publicaciones #lascondes y Joaquín Lavín”.

Caso similar con el documento titulado “Facebook: Usos políticos y buenas prácticas”, cuyo contenido ofrecía textos como “Facebook para ganar: La tecnopolítica puede cambiar las ecuaciones. Voces que son redes, palabras que son hilos, personas que son comunidades. Quien quiera votos, que entienda antes las voces y sus ecos”; y el caso de estudio” Macri 2015”.

Por otro lado, el análisis arrojó que las conciliaciones bancarias no establecen la fecha de confección, así como tampoco constan los nombres de los encargados de su elaboración y/o aprobación. Esto evidencia debilidades en los controles impidiendo asegurar que las referidas conciliaciones sean elaboradas de manera oportuna, con la revisión y aprobación correspondiente por parte de una persona distinta a la encargada de su confección, aspectos que permitirían mantener un control efectivo y adecuado, tendiente a disminuir el riesgo de errores, gastos excesivos o actos ilícitos que puedan afectar el debido resguardo del patrimonio de la asociación.

También se detectó la existencia de tres giradores de cuentas que no fueron informados por la asociación a la Contraloría y que mantenían autorización para administrar las cuentas corrientes. Las tres personas, a la fecha del informe, ya no formaban parte del personal de la AMZO, así como tampoco desempeñaban funciones en las municipalidades que la componen.

Acciones derivadas

La Contraloría instruyó a las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea que informen del resultado de la evaluación efectuada por cada municipio, sobre la pertinencia de llevar a término el proyecto «Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada», en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.

Sobre las observaciones relativas a la AMZO, se hace presente que las municipalidades miembros, por unanimidad, acordaron su disolución con fecha 27 de febrero de 2024.

En septiembre de 2024, la Contraloría requirió que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) fiscalice el procedimiento de disolución, para verificar si se ajustó a lo dispuesto en los estatutos respectivos, requerimiento que fue reiterado 17 de diciembre de igual año, para lo cual se otorgó un plazo adicional de 10 días hábiles, a contar de la recepción del oficio.