Claudia Mix Jiménez por primera vez llega al Congreso. Es diputada, militante del Partido Comunes por el Distrito 8 de la Región Metropolitana, que comprende las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Til Til, Pudahuel y Quilicura. Es egresada en Trabajo Social y gestora cultural.

 

Su nombre ha salido mucho en los medios por estos días, debido a que impulsó la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich. En su opinión, no importa lo difícil de este tema y las críticas que pueda recibir porque lo más importante es cumplir con las familias que han sido afectadas durante la pandemia. Pero también está pendiente de que el plebiscito se pueda desarrollar sin problemas. “Mi principal llamado es al autocuidado y a la responsabilidad, a que la gente salga a votar tomando todas las precauciones necesarias. Tenemos que ser conscientes de que el 25 de octubre será una jornada histórica y espero que la participación sea lo más alta posible”, manifestó a Cambio21.

 

Siempre es complejo incomodar a quienes tienen poder, pero no difícil. Lo realmente difícil para mí hubiese sido no cumplirle a las miles de familias que se han visto afectadas por la mala gestión de la pandemia y que exigen que se asuman las responsabilidades políticas. Presentar esta acusación constitucional era un deber ético y un compromiso con las millones de chilenas y chilenos que demandan justicia, dignidad y fin de la impunidad.

Esta acusación se estructura en dos capítulos acusatorios. En el primero se imputa al exministro de Salud por infringir gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población. Y consideramos que hay cuatro ámbitos que dan cuenta de esto: ​la falta de preparación adecuada de los servicios de salud; ​medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas; ​​una equívoca comunicación del riesgo sanitario; y, ​una gestión negligente respecto de las personas que viven con VIH.

 

En el segundo capítulo, en tanto, se le imputa de haber infringido la Constitución y las leyes a raíz del ocultamiento de datos y las faltas de la probidad administrativa. Aquí principalmente apuntamos al ocultamiento de las cifras y el mal manejo de éstas, que se habrían evidenciado principalmente a través del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS) y el ​Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria (EPIVIGILA). Las faltas de probidad administrativa, en tanto, se habrían evidenciado, entre otros aspectos, con el contrato de arrendamiento de Espacio Riesco para ser utilizado como residencia sanitaria, del que la Contraloría General de la República también se ha referido.

 

El poder judicial debe actuar con total autonomía como lo establece la Constitución, al mismo tiempo, debe garantizar que nadie esté por sobre la ley. Lo que hace el Ejecutivo hablando de persecución política por la investigación que se está realizando, es un error gravísimo. Primero, la investigación que está realizando la fiscalía no está entorpeciendo al poder Ejecutivo en sus tareas.

 

Segundo, el Ejecutivo está validando la obstrucción de un proceso judicial. Si el fiscal solicita antecedentes, como los correos electrónicos institucionales del exministro; el ministerio debe entregarlos, porque son pruebas contundentes, el negarse a entregarlas, significa que hay algo que el Ejecutivo no quiere que la ciudadanía sepa sobre la gestión del exministro Jaime Mañalich.

 

Sí, en los últimos días hemos recibido el apoyo de distintos parlamentarios que se han convencido de que existen méritos de sobra para acusar constitucionalmente al exministro Mañalich. La bancada del PPD ya manifestó su respaldo explícito a la acusación y desde el PS y la DC, que fueron las dos únicas bancadas que no firmaron la acusación, también hemos recibido señales de apoyo. El hecho de que el presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional sea el diputado Iván Flores (DC) y que una de sus integrantes sea la diputada Daniella Cicardini (PS) permitirá que esas bancadas conozcan en detalle todos los argumentos y antecedentes que sustentan la acusación.

Creo que el manejo del desconfinamiento es una expresión más del errático actuar con que el Gobierno ha manejado la pandemia desde un inicio. Yo fui muy crítica de las cuarentenas dinámicas y de la tardanza que demoraron en anunciar cuarentena total en toda la Región Metropolitana. Me parece que el enfoque del Gobierno ha sido priorizar la economía por sobre la salud de las personas, y por eso se han equivocado tanto. La mal llamada “nueva normalidad”, el errático plan Fondéate en tu casa para las Fiestas Patrias, o el plan Paso a Paso son una expresión más de ese enfoque. Lamentablemente estos anuncios generan una falsa sensación de relajo y tranquilidad que, lamentablemente, pueden generar un rebrote.

 

Evidentemente considero que el miserable reajuste del salario mínimo es una burla a las millones de chilenas y chilenos que han sufrido con la crisis y que han tenido que financiar con su bolsillo los costos que ha generado ésta. Esta es una más de las tantas señales que reafirman cómo el gran objetivo del gobierno ha sido resguardar los intereses de las grandes empresas, en desmedro de las familias chilenas.

 

La reforma de pensiones se debe trabajar desde ya, pero una reforma real, honesta con las y los trabajadores, una reforma que termine con el sistema de capitalización individual. No sirve ajustar el actual sistema para que siga funcionando estructuralmente igual. Todas sabemos que las AFP han fracasado, no tiene ningún sentido sostener ese mecanismo, porque sólo ha traído pobreza y desigualdad. Esto es como la nueva constitución, ni la reforma del 2005 que firmó el ex presidente Ricardo Lagos, dio por cerrada la constitución de la dictadura. Es decir, el sistema de pensiones necesita su propio “plebiscito del apruebo”, que dé por cerrado el ciclo desigualdades que trae consigo. No necesitamos más reformas para que todo siga igual, necesitamos reformas que resuelvan los problemas.

 

Estoy en contra de esta iniciativa promovida por la derecha y que es una señal más de cómo ese sector quiere que la crisis la pague la gente. El IVA es un impuesto regresivo, ya que afecta en mayor medida a la gente pobre, es decir, que las personas con bajas pensiones, pagarán más impuesto respecto a sus ingresos. Por tanto, no es una solución distributiva, más bien aumenta la desigualdad

Para nada. La Contraloría fue muy clara al señalar que “la facultad para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de administración”, por lo que no veo que se haya tomado ninguna atribución que no les corresponda.

 

Honestamente, la gestión ha sido la que sólo el presidente Piñera podría hacer, es decir, una gestión egoísta, donde sólo importan el 1%, con la incapacidad de conectarse con lo que vive la mayoría del país. La gestión del gobierno es atemporal, siempre llega tarde, por ejemplo, el IFE llegó tarde, pero además, fue una política mal hecha, que tuvo que ser reformada dos veces.

Sinceramente, el Gobierno actual conduce el país con soberbia y desidia, nadie entiende lo que el gobierno hace ni para donde quiere ir. Si pensamos más allá de lo anecdótico que puede ser, el anuncio Fondeate en tu Casa es el ejemplo de incapacidad comunicativa, pero sobre todo de estar en una sintonía completamente diferente que significa nula credibilidad.

 

 

El panorama es complejo, eso es evidente. Porque hay condiciones que generan un nivel de tensión significativo, estamos en un proceso de cambio profundo y eso significa que nos saca de la rutina y eso genera incertidumbre. El plebiscito es parte de un proceso de reestructuración que exige la gente, es obvio que eso tensiona a la élite porque significa pérdida de poder en todas las dimensiones. Por tanto, todas las dificultades que tenemos que enfrentar requieren de responsabilidad política, de trabajo mancomunado con la gente y de abrir la cancha política. No imagino un proceso constituyente sin la gente, sin las mujeres.

 

Lo único que agudiza la complejidad del momento, es la pandemia, todas las otras tensiones son propias del momento político, sobre todo, porque la casta política se rehúsa a entregar y distribuir el poder con la ciudadanía.

 

En octubre del año pasado las y los estudiantes saltaron los torniquetes en El Metro y la ciudadanía se volcó a las calles, cansadas de 30 años de neoliberalismo que han profundizado la injusticia, la desigualdad y que ha concentrado los privilegios en muy pocas manos. Si en estos 30 años no se lograron cambios fue en gran parte por la poca voluntad de los gobiernos de turno, pero también porque la Constitución de Pinochet fue elaborada con el objetivo de impedir las transformaciones. Por eso, el primer gran paso que necesitamos dar para avanzar hacia un Chile más digno y justo pasa por tener de una vez por toda una Constitución democrática y elaborada por la ciudadanía, que nos permita de una vez por todas dejar atrás la herencia de la dictadura. Por eso hay que votar Apruebo.

 

El plebiscito se va realizar, mi temor es que se genere una sensación de miedo que inhiba la participación de la ciudadanía. No ha existido una voluntad real del Gobierno para garantizar una participación alta de las chilenas y chilenos. Por ejemplo, no se hizo ningún esfuerzo para permitir que la gente contagiada pudiese votar. Mi principal llamado es al autocuidado y a la responsabilidad, a que la gente salga a votar tomando todas las precauciones necesarias. Tenemos que ser conscientes de que el 25 de octubre será una jornada histórica y espero que la participación sea lo más alta posible.