La dirección regional metropolitana del Frente Amplio ingresó una denuncia al tribunal regional del partido en la que solicita la expulsión de la diputada Maite Osini a raíz de cuatro hechos que, para los dirigentes locales, "son contrarios a los principios y valores de nuestro partido".

El documento -de cuatro páginas- fue emitido el miércoles 11 de diciembre y durante la noche del jueves 12 fue declarado admisible por el tribunal regional de la tienda.

El primer hecho señalado corresponde a la llamada telefónica que realizó Orsini a la general inspector de Carabineros, Karina Soza, en marzo de 2023. En dicha ocasión, la legisladora justificó su acción señalando que fue para "ponerla en conocimiento de que habría una persona de alto conocimiento público que estaría poniendo una denuncia por apremios ilegítimos". En aquella oportunidad se trataba del exfubolista Jorge Valdivia.

El segundo hecho ocurrió en ese mismo periodo, pero fue dado a conocer recién en diciembre de este año, y fue cuando Orsini trató de hablar con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para pedirle que emitiera disculpas públicas por haber cuestionado la llamada telefónica a la general Soza.

La tercera instancia corresponde al contacto que tuvo Orsini con la denunciante de Valdivia en noviembre de este año, luego de que el exfutbolista fuera formalizado por violación.

Finalmente, el cuarto acto tiene que ver con las conversaciones que tuvo Orsini -vía Whastapp- con la fiscal Lorena Parra, quien investiga la mencionada denuncia por violación contra Valdivia.

Actos contravienen principio de "partido feminista"

Según consigna el diario La Tercera, la dirección regional del Frente Amplio señala que  los cuatro actos contravienen el principio de "partido feminista" que tiene la colectividad, y las mencionadas acciones también atentarían contra "la probidad", que forma parte del artículo 1 del estatuto de la tienda.

"Los hechos denunciados desconocen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una víctima que recientemente ha tomado la decisión de avanzar en un procedimiento penal, y que además se trata de una figura pública. Así, entendemos que un partido que se define feminista debe respetar la privacidad de la víctima y no promover la victimización secundaria a través de actos que hagan dar explicaciones innecesarias o que la expongan ante quien reviste el carácter de autoridad pero que no tiene ninguna competencia para intervenir en un procedimiento judicial", se señala en la denuncia.

En ese sentido, enfatiza que, "adicionalmente, la ley 21.523, más conocida como 'Ley Antonia', establece una diversidad de mejoras de las garantías procesales para las víctimas de delitos sexuales justamente para evitar su revictimización, estableciendo medidas que eviten toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el proceso penal. Así, es considerado que el contacto directo por parte de una autoridad sí puede implicar consecuencias negativas para su proceso, tales como la exposición o considerarse intimidatorio".

Por lo anterior, la misiva argumenta que "realizar llamados directamente a la víctima en su calidad de autoridad, la difusión de dicha conversación a través de redes sociales, volviendo a exponerla masivamente, tomar contacto con una fiscal para interceder en favor de un imputado formalizado por violación, son todas actuaciones de carácter intimidatorio que fomentan la victimización secundaria, constituyendo una manifestación de violencia de género, lo que vulnera el principio establecido en el artículo 1 de nuestro estatuto, y que trae aparejado las sanciones más graves de nuestro estatuto, señalado en el artículo 66 letra B, con la sanción de expulsión".