A raíz de una serie de “inconsistencias, ausencia de información y numerosos reclamos de la ciudadanía”,  el diputado DC Gabriel Ascencio pidió hoy a la Contraloría General de la República que realice una exhaustiva auditoría al cumplimiento en la ejecución de las leyes y políticas públicas , por parte del Gobierno, para beneficiar a las personas producto de la pandemia, incluyendo “faltas a la verdad por parte del ministro Briones y versiones emanadas de los propios ministerios”.

 

El objetivo es conocer en detalle cómo se han ejecutado estas políticas y leyes, por parte del Gobierno, y conocer la real cantidad de beneficiados, los aportes involucrados, considerando las “numerosas críticas y reclamos que han llegado desde la ciudadanía a la hora de postular a estos beneficios y de las propias versiones emanadas desde los ministerios, que no cuadran con la realidad”.

 

Al respecto, el oficio enviado por Ascencio al Contralor Bermúdez señala que ”con ocasión de las políticas públicas anunciadas, el bono Covid-19, el IFE, entre otros, diversos ministerios competentes han informado acerca de la entrega de los aportes y cifras de los mismos; pero, sin perjuicio de lo anterior, ha existido un sin número de dificultades de acceso para cada uno de estos beneficios de aporte estatal, generando gran inquietud y reclamaciones en este período en cuanto a su concreto acceso, más aún considerando la relevancia de su otorgamiento ante la complejidad que viven diversas familias chilenas afectada por la crisis.”

 

“Es por lo anterior que cobra total relevancia conocer acerca del cumplimiento por parte de los órganos del Estado competentes de las distintas leyes que tienen por propósito beneficiar y generar un apoyo a la dramática situación que se encuentran viviendo, lo que debe ser necesariamente fiscalizado con especial detención por los órganos respectivos”.

 

Ascencio,  explicó que “tenemos una serie de dudas sobre el real número de beneficiados. A esto sumamos muchísimas quejas de ciudadanos que cumpliendo con los requisitos, no han podido acceder a las ayudas. No obstante,  la información emanada de los ministerios señala que los beneficios sí se han ido entregado.”

 

“Lo anterior, contrasta con la información entregada permanentemente por parte del Sr. Ministro de Hacienda, quien entendiendo “la frustración que ha significado para algunos los problemas generados”, refiere en su cuenta twitter con fecha 03 de agosto 2020 que “hasta las 20:00 hrs más de 850.000 personas han solicitado con éxito el bono de $500mil para clase media (…)”. Lo expuesto, deja una serie de inquietudes acerca del real número de beneficiados y el total efectivamente recibido, considerando el texto expreso de la Ley Num. 21.252, en especial artículo 4 numeral 1) y 3), en donde el Aporte Fiscal no corresponde necesariamente a $500.000 sino a esta cifra y sus escalas establecidas de acuerdo al ingreso promedio mensual de sus rentas año 2019; y la imputación de lo recibido por hogar en virtud del Ingreso Familiar de emergencia, de acuerdo a los numerales respectivos.”

 

Por todo lo anterior, y otros antecedentes, el diputado DC pide a Contraloría “fiscalizar no sólo los dichos de la autoridad ministerial, sino que la efectividad del otorgamiento de los beneficios, y que la información entregada por las autoridades sea efectiva respecto de cada uno de los beneficios. Parte de los insumos entregados por el Ejecutivo para estimar los alcances de los beneficios, han sido los Informes Financieros aportados en cada proyecto, donde se señala el esperado en gasto y población alcanzada cuando éstos se convierten en ley, y constituye una de las principales previsiones presupuestarias al momento de ejecutarse la ley. “ El oficio pide auditar cómo ha sido el cumplimiento o ejecución de la ley, tanto en personas u hogares alcanzados, como la ejecución presupuestaria comprometida, atendiendo también a la tasa de reclamos que han existido en cada proceso.