“Esto es muy necesario porque veo con preocupación que estos hechos puedan seguir repitiéndose en el futuro si por parte de la justicia y los órganos persecutorios penales no se investigan ni se le coloca coto a estos despliegues innecesarios de gente y prensa que solo buscan realizar puntos comunicacionales en medio de una situación delicada desde el punto de vista sanitario”.
Materia: Formula denuncia por incumplimiento de normas sanitarias en circunstancias que se señalan.
DE: H.D. Gabriel Ascencio Mansilla
A: Sr. Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional del Ministerio Público
Gabriel Ascencio Mansilla, Diputado de la República, al señor Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional del Ministerio Público, señalo:
Vengo en presentar a Ud. antecedentes sobre posibles incumplimientos a las medidas y normas sanitarias implementadas por las autoridades en la entrega de cajas de alimentos, situación que ha significado un riesgo para el resguardo sanitario de la población, y que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública.
Durante la semana recién pasada, pudimos conocer el inicio de la entrega domiciliaria de cajas con mercadería en los sectores más vulnerables de la Región Metropolitana.
En este contexto, lo que hemos visto en los medios de comunicación y en las cuentas oficiales de las redes sociales de autoridades y funcionarios de gobierno, han sido imágenes de numerosos grupos de personas llegando hasta las puertas de los hogares de personas de bajos recursos para entregar cajas con provisiones. Estas entregas, sin embargo, se han estado realizando sin el respeto de las medidas más mínimas de distanciamiento social, existiendo incluso en lugares cerrados grandes concentraciones de personas, entre los que se incluye a la prensa y autoridades, exponiendo a contagios a quienes reciben la ayuda. Las autoridades también han ingresado a los hogares de personas mayores de edad con sus equipos de prensa para obtener fotos y videos de los momentos en que se entregan las ayudas.
Este despliegue de funcionarios no tiene sentido ni sanitario ni socio económico, ya que es posible realizar esta entrega de bienes de manera ordenada y no exponiendo la salud de las personas, cumpliendo las mismas medidas sanitarias que la misma autoridad ha dictado tanto para desarrollar funciones determinadas como para regular las reuniones de grupos de personas en lugares cerrados.
Por esto, es que veo con preocupación que estos hechos puedan seguir repitiéndose en el futuro si por parte de la justicia y los órganos persecutores penales no se investiga y no se le coloca coto a estos despliegues innecesarios de gente y prensa, que solo buscan realizar puntos comunicacionales en medio de una situación delicada desde el punto de vista sanitario.
Tenemos el convencimiento de que en estos hechos encontramos una clara contravención al artículo 318 del Código Penal que señala:
“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales.”
En este sentido, deben ser por todos conocidas, y más aún por los funcionarios de gobierno, las medidas que han dispuesto las autoridades para enfrentar esta pandemia, como por ejemplo limitar la reunión de personas a lo estrictamente necesario, y nunca a más de 50 personas; el uso de mascarillas obligatorias en espacios cerrados; la mantención de distancia social de al menos un metro, evitando el contacto físico; entre otras.
No puede advertirse en los casos que se están presentando, una necesidad dentro de las funciones que le corresponden a cada autoridad, de hacer una entrega de mercadería en forma presencial en la forma, y con la cantidad inusitada de medios de prensa, con que se ha hecho, más aún en espacios cerrados, exponiendo a las mismas autoridades, a los trabajadores de la prensa gráfica, funcionarios, y a los residentes a un peligro sanitario que es perfectamente evitable, en vulneración a las normas de resguardo a la salud que se han hecho hoy más necesarias durante esta pandemia.
Por estas razones, solicito se oficie al Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público, al objeto que éste derive estos antecedentes a la(s) Fiscalía(s) correspondientes, a fin de abrir una investigación y establecer en su mérito si ha existido incumplimiento a las normas y medidas sanitarias dictadas por las autoridades de Salud, y por tanto la comisión de algún delito contra la sanidad pública señalados en el Código Penal y el Código Sanitario.
Sin otro particular.
Gabriel Ascencio Mansilla
Diputado de la República
