El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson reiteró sus cuestionamientos al Tribunal Constitucional. Esto, luego de que éste declarara inconstitucional durante la semana pasada el artículo 63 de la Ley de Educación Superior sobre el estatuto jurídico de los controladores de universidades.

Al respecto Jackson apuntó durante la emisión del programa Estado Nacional de TVN que se debe modificar las atribuciones y competencias del TC.

"Tenemos que modificar tanto sus atribuciones que están en el artículo 93 de la Constitución como su composición que está en el artículo 92. Yo creo que ambas cosas tienen que revisarse porque efectivamente tanto su composición que es de un cuoteo binominal que es bastante particular", sostuvo.

Existen tres maneras para la designación de los 10 jueces del organismo. Tres de los nombramientos emanan directamente desde el Presidente de la República, otros cuatro son elegidos por el Congreso Nacional (dos por el Senado y dos por los Diputados pero con la venía de la Cámara Alta) y tres provienen de una votación secreta de la Corte Suprema. Una vez elegidos no podrán ser removidos por nueve años o hasta cumplr los 75 años.

A juicio del diputado RD se trata de un juego de binominalismo que existe en las distintas instituciones del Estado. Por ello, manifiesta que se debe mirar otros modelos para ver cómo se hace. "Es posible que alguien recurra cuando sienta que se están violando los derechos fundamentales, si eso no es un problema persé como se ha dicho", enfatizó.

"Hay muchos tribunales constitucionales en el mundo pero creo que hay pocos que deben gozar de tan mal prestigio como lo está pasando hoy día el chileno. No creo que no deba haber una instancia a la cual alguien pueda recurrir por violación de derechos fundamentales pero creo que no tiene que haber control preventivo ni ser cuoteado binominalmente", agregó.

El parlamentario remató su idea expresando que las consecuencias de la composición del TC y de sus atribuciones actuales, merman absolutamente la capacidad que tiene nuestro Estado de resolver democráticamente.