Se desarrolló una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras la divulgación de los denominados Pandora Papers.

Durante la sesión participó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien sostuvo que el acuerdo realizado en Islas Vírgenes cumplía por la venta de parte de las acciones de la minera Dominga cumplía con la normativa legal vigente a esa época.

Según sostuvo Barraza "Vemos que se aplica el Artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente a la época, donde al percibir el contribuyente chileno, la renta de fuente extranjera, esta es reconocida para los fines tributarios y por lo tanto, se cumple con las obligaciones tributarias correspondientes en base a la norma vigente".

Tras la sesión, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, criticó la intervención del director del organismo asegurando que sus declaraciones "han sido muy parciales, han sido muy de apoyo del acusado, en este caso el Presidente Sebastián Piñera. Probablemente tenga que ver con la relación de confianza que tiene funcionario con el Presidente que lo ha mantenido durante este periodo presidencial".

"Si uno analiza sus declaraciones, uno se da cuenta en primer lugar que para todo lo que pudiera perjudicar o entregar claridad sobre distintas irregularidades de la gestión que ha hecho la familia Piñera-Morel en materia tributaria, él se acoge a la reserva o secreto que le corresponde al SII. Pero esa reserva o secreto no la usa cuando trata de apoyar y entregar antecedentes que favorezcan al acusado, es decir, le ha prestado (a Piñera) un ropero completo, ocultando lo que le perjudica y solamente exhibiendo lo que le favorece y eso la verdad es que no ayuda mucho a tomar una decisión", agregó el legislador.

Del mismo modo indica que "hay cuestiones que tampoco aclara en detalle. Él señala que se habría conocido esta operación por el SII de la época, pero también dice que no ha conocido nunca el detalle del contrato del año 2010. Hay una contradicción que no se logra resolver de esa manera".

También Soto sostuvo que "respecto a por qué todas estas personas van a celebrar contratos a paraísos fiscales para esconder el contenido de sus contratos, ahí también señala desconocer y no visualizar de alguna manera cuál es la justificación económica. Pero cuando le preguntamos qué opinión tributaria económica tiene sobre la cláusula tercera del contrato, donde la familia Piñera-Morel se compromete a que no se declare santuario natural o parque nacional a la zona donde se emplazaría el Proyecto Dominga, señala no entender la pregunta".

"Por eso creo yo que hay que tomar estas declaraciones como beneficio inventario y hay que seguir indagando", sostuvo