Por Antonia Paz
El diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz, analizó para Cambio21 el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU). Al respecto, indicó que si bien, la nueva propuesta establece un monto de $185.000 que será complementaria al Pilar Solidario y que se ampliará del 60% al 90% de los pensionados "me preocupa la comunicación pública de este beneficio".
En ese sentido, indicó que el gobierno ha señalado que 2,5 millones de pensionados recibirán los $185.000 de PGU. Sin embargo, "leyendo el proyecto de ley quiero advertir que para los 600.000 actuales perceptores de la Pensión Básica Solidaria la PGU es un modesto incremento de $9.000 mensuales en febrero".
Ortiz agregó que los receptores del Pilar Solidario -alrededor de 1 millón de pensionados- hoy reciben como Aporte del Fisco un promedio de $100.000 por tanto "para ellos la PGU será la diferencia para llegar a los $185.000”.
Pero quienes recibirán estos $185.000 “como incremento neto son los más de 500.000 pensionados que hoy no son parte del pilar solidario y que son parte del 60% al 90% de los pensionados, que reciben miserables pensiones autofinanciadas de las AFP’s".
"Creo importante resaltar esto para que quede claro a la opinión pública cuáles son los reales efectos de esta nueva legislación y también para plantearle al Presidente electo que sigue abierto el compromiso de incrementar la PGU para llevarla a los niveles planteados en la campaña presidencial" sostuvo el diputado.
Sobre esto último, Ortiz agregó "aquí queda pendiente la reforma integral al sistema de pensiones para la próxima legislatura. No podemos seguir con el fracasado modelo de las AFP’s, debemos avanzar hacia un sistema de pensiones público, solidario y con ahorro colectivo donde dejemos atrás el modelo individualista y fracasado de las AFP’s".
"Tener un primer piso común y parejo como parte del sistema no contributivo es importante, pero éste debe complementarse con reformas al sistema contributivo y a un nuevo modelo de administración" puntualizó.
Consultado por el financiamiento fiscal de la iniciativa, el parlamentario aclaró que "lo principal es la responsabilidad fiscal, es decir que si se otorga un beneficio social permanente se requería nuevos ingresos fiscales permanentes y aquí solo llegamos a cubrir 2/3 del financiamiento con nuevos impuestos y eliminando exenciones ".
