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Diputados exigen a Superintendencia de Pensiones sanciones a AFPs por “campaña de desinformación y del terror”

Foto: Diputados Ascencio y Silber
 
La bancada de diputados DC ofició a la Superintendencia de Pensiones para que fiscalice y abra un proceso sancionatorio en contra de la AFPs que estén vulnerando e infringiendo las normas que las regulan “por inmiscuirse ilegalmente en un proceso legislativo en curso, sin tener facultades para ello, alterando con ello a los mercados, tratando de influir en la opinión pública con declaraciones abiertamente proselitistas, generando una inaceptable campaña de desinformación y del terror”.
 
La denuncia fue interpuesta por los diputados DC Gabriel Silber, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi, Joanna Pérez, Manuel Antonio Matta, Iván Flores, Miguel Angel Calisto, Mario Venegas y Víctor Torres, sumando al diputado independiente Fernando Meza.
 
Al respecto, el diputado DC Gabriel señaló que “hemos recibido la preocupación y molestia generalizada de los ciudadanos y diversas agrupaciones acerca de la inexplicable campaña publicitaria, mediante declaraciones púbicas, que han difundido la AFP Habitat y AFP Capital sobre un tema que actualmente se discute en el Congreso Nacional, provocando ello alarma pública y alteración de los mercados, más allá de su calidad de agente gestor de los fondos de pensiones, infringiendo con ello su normativa propia y de su regulador principal (DL 3.500); una campaña burda e inaceptable que debe ser sancionada”.
 
El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, agregó que “las aseveraciones de las AFP, comunicadas a sus afiliados son oprobiosas y significan una afrenta para los legisladores que ayer aprobaron la Reforma, que se trate de populistas a diputados y diputadas es algo que no corresponde y significan un abuso inaceptable por parte de las AFP para con el Poder Legislativo”.
 
Según lo que establece la denuncia interpuesta hoy “las acciones de las AFPs se entrometen de lleno en la discusión de un poder del estado y tratando con ello de predisponer a la opinión ciudadana y los agentes económicos, alejándose así de su función de mero administrador de fondos de pensiones. Lo anterior es absolutamente ilegal y debe ser fiscalizado y sancionado por su regulador, al haber trasgredido con ello las normas y reglamentaciones que rigen a la actividad de la cual forman parte estas empresas.”