Diputados de Renovación Nacional (RN) le pidieron a Contraloría una auditoría a todas las pensiones de gracia dadas a las víctimas de vulneración de derechos humanos en el marco del estallido social.

Este accionar se da tras la información que entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre que hay 418 beneficiados con la pensión de gracia otorgada bajo dicho contexto. De ellos, 40 cuentan con antecedentes penales; algo que generó controversia en el mundo político.

Ante esto, los diputados Sofía Cid, Ximena Ossandón, Hugo Rey y Andrés Longton presentaron un requerimiento que busca “verificar si se cumplieron tanto los requisitos que permiten acceder a estas pensiones, como los supuestos y actuaciones administrativas previstos en la ley para su otorgamiento”.

En detalle, el documento acusa que “del total de los casos beneficiados con la pensión, pareciere que tanto de la magnitud del daño o perjuicio sufrido, como del contexto en las que tuvieron lugar, no ameritan ser calificadas de ‘accidente o catástrofe’, ni menos cabría calificar las circunstancias como ‘extraordinarias’”.

En ese sentido, Andrés Longton se refirió a la solicitud: “Hicimos una presentación a Contraloría para que indague la legalidad y haga una auditoría respecto al otorgamiento de las pensiones de gracia, otorgada bajo el contexto del estallido social, donde pareciera ser que este gobierno cayó en una discrecionalidad arbitraria al otorgar pensiones de gracia a quienes no reunían los requisitos y no eran acreedores de las mismas”.

Y Ximena Ossandón apuntó a que “se debe ser extremadamente riguroso para evitar que tipos con antecedentes delictuales o que nunca padecieron lesiones tengan ingresos de por vida con impuestos de chilenos que trabajan día a día”.