El director Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), exministro del Trabajao Yerko Ljubetic, abordó la llegada del gobierno de José Antonio Kast y el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

En primer lugar, comentó que espera “tener las mejores relaciones de colaboración y cooperación” con la administración entrante. A nivel general, enfatizó que cualquier iniciativa que pueda implicar la eliminación o neutralización del organismo “sería no solo una regresión muy grave desde el punto de vista de la vigencia de los DD.HH., sino también desde el punto de vista democrático”.

No obstante, remarcó que “hasta hoy día, en el horizonte, no vemos nada como eso”.

Respecto a la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast conceda indultos a excarabineros o exmilitares condenados en causas relacionadas con el estallido social, planteó en una entrevista con El Mercurio: “Creemos que no (deben otorgarse), que no se cumplen las condiciones (…) para que esto no produzca una sensación de impunidad y desconsideración hacia las víctimas (…). La actuación del Estado tiene que estar a la altura de la gravedad de lo que allí ocurrió”.

El debate por el proyecto de ley que conmuta penas

Por otro lado, sobre la iniciativa que pretende conmutar penas, dijo en el citado medio que “es evidente que ese proyecto está lleno de defectos (…), no hay ninguna consideración acerca de la gravedad de los delitos cometidos, de los efectos de la prisión domiciliaria”.

En el caso específico de “criminales de lesa humanidad”, argumentó que deben considerarse aspectos como el “cumplimiento de una parte sustantiva de la pena” y que se haya dado una “colaboración eficaz en las investigaciones”.

El caso de los condenados de Punta Peuco

Consultado sobre si en alguno de los casos de los condenados de Punta Peuco pueden aplicarse principios humanitarios, respondió: “Sin duda, creo que es una discusión que se puede dar. Tiene que ver con —es otra categoría muy distinta al proyecto presentado— (…) las personas mentalmente enajenadas, por ejemplo, o los enfermos terminales en su última fase. Son cuestiones que pueden generar una conversación interesante sobre la aplicación de principios del derecho humanitario; no estamos cerrados a discusiones”.

Y aclaró que “eso es muy distinto a aplicar a rajatabla beneficios que evidentemente vulneran los estándares de derechos humanos”.

Respecto a la discusión sobre que los internos con enajenación mental o enfermedades incurables puedan terminar de cumplir sus penas en sus casas, comentó que “es una discusión válida desde el punto de vista de los derechos humanitarios”, dado que “en una persona en estado de enajenación mental no hay efecto del cumplimiento de la pena”.

“Estás encarcelando un cuerpo. Es una discusión que es muy distinta a lo que se haya dicho en este proyecto”, cerró.