Los casos Cubillos, Matus, Vivanco, Hermosilla, Chadwick, el exfiscal Guerra y otros menores efectivamente deterioran la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La reciente CEP señala que solo el 15% de la ciudadanía confía en los Tribunales de Justicia y en la Fiscalía- y probablemente puede que ese porcentaje haya caído más si se realiza la encuesta la semana próxima.

Pero también le está afectando fuertemente a la derecha tradicional con los argumentos esgrimidos para defender a Cubillos especialmente. Los pocos defensores de Marcela Cubillos  señalaron que ella era “un rostro” que atraía a muchos estudiantes a integrarse a la Universidad San Sebastián y que por tanto, los $17 millones mensuales estaban justificados porque coincidió con un período de crecimiento de la matrícula en la USS.

La misma Cubillos argumentó en nombre de la libertad salarial en el mundo privado, pero omitió que cerca del 45% de los ingresos de esa Universidad provienen de fuentes fiscales directas e indirectas como crédito CAE, becas fiscales, como también omitió que la ley de Educación Superior es clara en señalar que las instituciones deben orientar el uso de sus recursos al mejoramiento de la calidad formativa.

Este mal argumento se agudiza con la opacidad universitaria al no entregar los antecedentes requeridos a la Superintendencia de Educación Superior, lo que significó que este viernes se anunció la apertura de un proceso investigativo ya que la información entregada por la Universidad “no permite esclarecer las interrogantes surgidas” sobre los criterios de contratación de personal académico, directivo y administrativo; asimismo ordenó una investigación en terreno con el objeto de recopilar información in situ.

La libertad esgrimida por Cubilllos ha servido para abusar, burlar la ley que regula a las universidades y al parecer estamos en presencia de un financiamiento irregular de la actividad política de ella.

Pero más indignante ha sido conocer los chats del ex fiscal Manuel Guerra quién en diversas investigaciones de la Fiscalía hacia el mundo político se convirtió en “un mocito” de la derecha, especialmente de la dupla Chadwick-Hermosilla que buscaron generar un manto de impunidad de diversas irregularidades que asediaban a diversas figuras de la derecha como Iván Moreira, Rodolfo Carter, Manuel Ossandón, los UDI-Penta Lavín y Délano.

Como bien lo describe un columnista dominical, el ex fiscal Guerra desde la Fiscalía era “un mocito y obediente sicario del poder político de La Moneda" -en ese entonces ocupada por Chadwick y Piñera- que estaba dispuesto a realizar cualquier gestión en sus investigaciones para dejarlos inmunes ante la Justicia, o con clases de éticas a los amigos del fallecido mandatario.

Después el importante exfiscal  “buscó pega” en el gobierno de Piñera, pero finalmente aterrizó en la Universidad San Sebastián con un sueldo de $6,6 millones y en varios municipios dirigidos por alcaldes UDI como Providencia y La Florida donde fue contratado “como asesor en probidad” por la alcaldesa Matthei por varios millones mensuales dibujando la figura del cohecho, que es cuando una autoridad pública se corrompe “a base de dinero, dádiva o promesa”; que es lo que hizo ex fiscal Guerra, a cambio de posiciones de poder y dinero. También y paralelamente fue contratado por el alcalde Carter de La Florida por 11 millones de pesos para analizar también "la probidad". Y tanto a Matthei y a Carter, este sujeto, los maltrata con frases soeces e indignas.

Además, las conversaciones privadas de Hermosilla con Guerra son indignantes y brutales en especial a mujeres, las referencias a la alcaldesa Matthei y a la alcaldesa Camila Merino de Vitacura; pero lo que importaba en el círculo de Chadwick era salvar a los políticos involucrados en las irregularidades por vías no santas y generar desde la Universidad San Sebastián una red de influencias y protección que los convirtiera en poderes fácticos donde incluso los Ministros -como el de Vivienda de la época- terminaba asistiendo a sus oficinas para “saltar la fila” a los negocios inmobiliarios de los hermanos Jalaff.

Esto revela una red de corrupción administrada desde las sombras por Chadwick en la USS y es de esperar que la Fiscalía investigue con acuciosidad el tráfico de influencias y cohechos que surgen en este caso.

También es buena noticia que la Fiscalía Nacional Económica haya presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las más importantes empresas de operadoras de casino de juego Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas entidades por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

En su escrito la FNE sostiene que las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia. Lo grave de esta colusión para los sectores más humildes es que estas empresas coludidas, no le entregarán mucho menos recursos a los municipios y Gobernaciones donde están esos casinos, para pavimentar calles, construir casas, canchas de deportes, apoyo a clubes de la tercera edad y un sinfín de apoyos sociales. 

Esta colusión de los casinos que es otra forma de corrupción revela una vez más que hay sectores de la derecha empresarial no cree en la libre competencia.

Estos episodios afectan la democracia, la imagen de los partidos políticos caen 15% en los últimos años (sólo 3 de cada 10 chilenos/as tiene buena imagen de los actores políticos); pero el efecto mayor cae en la derecha tradicional (UDI-RN) que ve debilitadas sus opciones de ganar en las elecciones del 26 y 27 de octubre; sus posibilidades de triunfo en Santiago, Las Condes, Ñuñoa, Puente Alto, Valparaíso, Concepción se debilitan y puede que la ciudadanía apoye a los candidatos independientes cansados por este espectáculo que da la política.

 Se requieren urgentes reformas en los Tribunales de Justicia, en la Fiscalía, más transparencia en los quehaceres de las instituciones que no pueden dilatarse porque la democracia requiere ser rescatada de estas redes de corrupción y que ya no pueden negarse.