La propagación del virus covid19 se ha extendido peligrosamente en el país, ya no sólo la Región Metropolitana está al borde del colapso -sino también ciudades como Calama- producto que los casos acumulados pasaron de 160.000 a 270.000 contagiados en el país en la última semana según reporte epidemiológico del MINSAL, a lo que debe sumarse los más de 8.000 muertes producto del virus.

 

Este desastre sanitario advertido por expertos nos coloca en una situación similar o peor que la vivida por Italia y España, las autorizaciones de funcionamiento a diversas industrias producto de la laxa definición de servicios esenciales, sigue generando aglomeraciones en el transporte público y en zonas de la ciudad que facilitan la propagación del virus como ocurrió en Calama donde el alto volumen de trabajadores de la minería que entran y salen del territorio explica el desastre sanitario en esa zona.

 

También existe consenso que las medidas de confinamiento no funcionan por el escaso apoyo social prestado por el Gobierno, que prefirió en abril “guardarse los cartuchos”, lo que generó otro fracaso gubernamental al imponer en la ley 21.230 un Ingreso Familiar de Emergencia decreciente de $65.000, pero también por causas administrativas imputables al Ministerio de Desarrollo Social -que en la primera semana de junio- rechazó 1.100.000 familias que postularon vía web -resultaron ser el 50% de las familias que postularon al Ingreso Familair de Emergencia antes del 30 de mayo-. Esta falta de sensibilidad social con las familias que la pasan mal ha agudizado la crisis social que está acompañando al desastre sanitario.

 

Lamentable y decepcionante que una política pública rechace postulaciones de familias necesitadas y angustiadas por su caída de ingresos y que el rechazo se funde en alteraciones e informaciones falsas como acreditan miles de familias del mundo popular que han reclamado por la modificación que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. Familias que han visto caer sus ingresos y que ese ministerio les rechace su postulación por mala información burocrática, de sus bases de datos anteriores o mala gestión administrativa de un gobierno que ha demostrado ser ineficiente en materias sociales.

Fueron estos rechazos infundados masivos los que motivaron a la oposición exigir en la tramitación del proyecto IFE 2.0 que –además de crear un monto parejo hasta agosto por $100.000- debían realizarse cambios administrativos para que ese 1.100.000 familias pudieran apelar, mediante una declaración jurada simple, con la última información disponible y con un informe auto-reportado para acceder al IFE 2.0 que otorga una renta básica para la emergencia covid19 de $400.000 para una familia de cuatro integrantes. 

 

Es en estos momentos críticos donde el apoyo estatal requiere ser eficiente y acogedor, no puede seguir recurriéndose al papeleo y a las múltiples barreras de entrada a las familias vulnerables como se hizo durante la gestión del ex ministro Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social, como lo revela estos masivos rechazos injustificados al Ingreso Familiar de Emergencia.

 

Han postulado más de 3,0 millones de familias para esa ayuda estatal y lo que debe hacer un país humano y solidario es acoger y auxiliar a esas familias en el IFE 2.0.

Como país debemos ser capaces de decirle a las familias que la están pasando mal, que perdieron su fuente laboral que ven el futuro con angustia y miedo, que hay un apoyo solidario del sistema de protección social, que no están solos, que como comunidad vamos a ir en su auxilio.

 

Estos cambios realizados al Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 en el parlamento que permitió su aprobación casi por unanimidad significará un gasto fiscal superior a US$ 1.600 millones, revelando que había espacio fiscal y que ante este desastre sanitario se requiere hacer efectiva la cuarentena lo que significa apurar la implementación de este real apoyo a las familias.