A La Moneda llegó la derecha dura.

El Presidente Piñera optó por reagruparse en su alianza derechista, para ello instaló “el gabinete del rechazo” para el plebiscito del 25 de octubre y a la derecha más social la neutralizó -sacando a Desbordes de presidente de RN colocándolo de Ministro de Defensa- con lo cual lo anuló políticamente.

Los próximos 19 meses tendremos un Gobierno que no dice nada al país, que sólo repite consignas para su electorado tratando de llegar a recuperar la votación que lo llevó a La Moneda el 2017, que nos hablará del “clima de violencia”, alentará el racismo contra el pueblo mapuche, que la nueva Constitución genera incertidumbres, así seguirá con “su campaña del terror” y que la solución a la crisis del país “es reducir el número de parlamentarios y privatizar Codelco” como lo plantea la UDI.

Es un gobierno desconectado con la realidad que no es capaz de percibir la inédita crisis social que ha generado.
La pandemia más el estallido social han revelado el Chile real, de las precariedades en que vive parte importante del país: bajos salarios, pensiones miserables, hacinamiento, la caída fuerte del empleo, el empobrecimiento de la población especialmente de quienes vivían de ingresos informales, las desigualdades sociales y culturales graficados en la tremenda brecha digital 60% de los alumnos de colegios públicos no tienen acceso a Internet o a un dispositivo.

A ese Chile el Gobierno no es capaz de verlo; al contrario, cree que con repartir dos cajas de alimentos en cuatro meses tiene resuelta la crisis social.

La fuerte paralización de la actividad económica en el 2º trimestre de -13,9% del PIB –que se mantendrá este 2020- ha agudizado la peor situación laboral en décadas.

Hay 1.780.000 empleos menos en 12 meses, adicionalmente hay 700.000 trabajadores con “suspensión laboral” de la ley 21.227, de los cuales la mitad está en el tercer giro que ha ido descendiendo mes a mes, que tenían antes de la crisis un promedio salarial de $600.000 y el promedio de ingresos que han recibido vía el seguro de cesantía ha sido $341.000. Según encuesta del Banco Central a las empresas el 50% de esos trabajadores no retornarán a su fuente laboral lo que permite anticipar una agudización de la crisis laboral y de desempleo -superior a la de los años 80’-.

Es urgente ampliar su protección social para una larga cesantía, resulta razonable lo planteado por los senadores de oposición en la Comisión de Hacienda de emparejar la tasa de reemplazo a 55% como se acordó en plan de emergencia y lograr que esa tasa de reemplazo se mantenga por los siete meses.

Otro sector abandonado del auxilio estatal son las familias de ingresos medios entre 41% al 90% en Registro Social de Hogares son 2.100.000 familias, pero el Gobierno para construir su plan de apoyo usa los registros administrativos de la Administradora de Fondos de Cesantía y de Servicio de Impuestos Internos sobre empresas individuales y honorarios lo que llevará a una baja cobertura –apenas 500.000 personas hasta el momento-.

Está claro que hay segmentos de familias ligadas al transporte registradas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como Transporte Escolar, Colectivos, trabajadores informales y miles de microempresarios individuales no registrados en el SII que seguirán sin apoyo ya que no califican para el FOGAPE ni para este bono de clase media.

Este abandono de las familias explica el alto apoyo ciudadano y las más de 5,5 millones de peticiones de retiro del 10% de los ahorros previsionales. La única solución es “la autoayuda”, lo que revela el fracaso absoluto de “la red de protección social” que habló la administración Piñera en su Cuenta Pública.

El apoyo al 40% más vulnerable vía Ingreso Familiar de Emergencia ha llegado a 2.400.000 hogares con un aporte fiscal recibido promedio de $160.000 por hogar; pero según el Ministerio de Desarrollo Social a mayo hay 3.283.000 familias en el 40% más vulnerable o sea sólo 73% de las familias del 40% más vulnerable han recibido el apoyo IFE.

La tecnocracia derechista ha fracasado en el diseño de instrumentos de apoyo a los más vulnerables y a los grupos medios vía IFE y bono clase media. Los apoyos son insuficientes y su cobertura también.

Chile no se merece tan mal gobierno.