Más de 236 mil contagiados, una curva que crece en casos Covid19 semana a semana y aún no hay “meseta” y aumentan las muertes por la pandemia revelan que la estrategia sanitaria impulsada por Mañalich fracasó.

A pesar de su preparación “desde enero” no fue capaz de impulsar estrategias sanitarias ni tampoco fue capaz de persuadir a una ciudadanía desconfiada y sin ningún apoyo económico sustantivo para hacer el confinamiento.

Diversos estudios revelan que el covid19 está instalado en las comunas populares donde el hacinamiento y la caída de ingresos es mayoritario, no existen apoyos para impulsar residencias sanitarias y el Ingreso Familiar de Emergencia decreciente sólo alcanzó a 1,2 millones de familias y las cajas de alimentos apenas han llegado a un número de familias similares lo que significa que apenas un 20% de las familias chilenas han recibido apoyos para enfrentar la pandemia.

La efectividad de las medidas sanitarias están ligadas a las condiciones socioeconómicas del país de lo cual el ex ministro de salud “no estaba consciente” como lo reconoció hace dos semanas. O sea, la crisis sanitaria develó un nivel de precariedad social que la derecha no conocía, ni dimensionaba.

Es muy grave y habla muy mal del país que tengamos un gobierno que tiene autoridades que no conocen la sociedad y en especial la situación en que viven los sectores populares y las clases medias.

En materia económica el país está casi paralizado: fuertes caídas del IMACEC -14% en abril, en mayo y junio pueden ser cifras mayores; alto desempleo, caída de ingresos ya que más 900.000 trabajadores se acogen a ley 21.227 del seguro de desempleo, quiebras de empresas y un Fogape con sus créditos de capital de trabajo que sólo ha atendido a 68.000 empresas de 510.000 elegibles por la banca.

Esta triple crisis sanitaria, social y económica pudo haberse evitado.
El país puede gastar más en auxiliar a las familias vulnerables y a las pequeñas empresas. Fue un gran error del ministro Briones “guardarse los cartuchos” para más adelante, hacer recortes presupuestarios y diseñar auxilios económicos mezquinos y decrecientes como fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $65.000 per cápita.

Este fracaso empieza a ser subsanado en lo económico-social con el plan de emergencia acordado con Comisión de Hacienda del parlamento que definió un marco fiscal de gasto adicional por los próximos 24 meses de US$12.000 millones y que se financiará con Fondo de Estabilización Económica y Social, (FEES) y mayor deuda pública como proponían de manera transversal un grupo de economistas convocados por la misma autoridad y que tomó como base la propuesta del Colegio Médico. El país ahorró fiscalmente para enfrentar las crisis y ésta es la mayor que hemos vivido en los últimos 80 años y corresponde gastar con un plan de intervención para la crisis y la post crisis.

La tesis del goteo a goteo de Piñera y Briones fracasó y ahora con este plan de emergencia empieza a enmendarse ya que se define un horizonte de gasto extra para enfrentar una recesión económica profunda este 2020, las tesis de los subsidios decrecientes y cajas de alimentos del “ex ministro halcón” Sichel también fracasaron y hoy tenemos una inmensa mayoría de familias angustiadas por un duro presente sin empleo y con fuertes caídas de ingreso.

En ese sentido resulta incomprensible que el Gobierno vaya al Tribunal Constitucional para paralizar una ley que suspende cortes de servicios básicos y da gratuidad en Internet para los estudiantes del 60% más vulnerable revelando que le importa más salvar a las grandes empresas que ayudar a las familias que la están pasando mal.

Es una mejor noticia que para el plan de emergencia se haya acordado un apoyo de $100.000 per capita lo que equivale que una familia de cuatro personas accederá un ingreso básico de emergencia de $400.000 por junio, julio y agosto, que éste beneficio será compatible con otros ingresos –como el seguro de cesantía, pensiones- de tal manera que las familias tendrán un ingreso básico de emergencia para que pueda enfrentarse la emergencia sanitaria.

Lo relevante es que el sistema político dio señales que debe tener una política fiscal más activa, en especial ayudando a las familias más vulnerables para que pueda operar el confinamiento.