Carabineros sufre una fuerte crisis de desconfianza ciudadana.

En la encuesta CEP del 2015 Carabineros era la institución con mayor valoración ciudadana -57% señalaba tenerle mucha confianza- y ahora en diciembre 2019 esa confianza cayó a sólo un 17% de la ciudadanía.

 

Esto sintetiza el deterioro institucional ocasionado por el Paco Gate, el mal uso de los gastos reservados por parte de sus Directores, la operación Huracán en la Araucanía; el asesinato a Camilo Catrillanca y ahora la responsabilidad directa en la violación de los Derechos Humanos desde el 18 de octubre. Carabineros es hoy, vista mayoritariamente como una institución donde hubo corrupción con recursos públicos --cerca de $ 30.000 millones malversados- y abusiva ya que por su acción hay más de 400 personas con traumas oculares, más de 1.800 personas heridas por balines y perdigones según reporte del Instituto de Derechos Humanos.

 

Lamentablemente es una institución autónoma que no está sometida al control civil y democrático, donde incluso se coluden oficiales inferiores para engañar u ocultar información a sus superiores como se detectó en el caso Catrillanca y en los barrios con predominio narco hay una ausencia total de Carabineros y existe la sospecha ciudadana de que están “coimeados” por esos grupos delictuales.

 

Restablecer el orden público requiere no sólo actualizaciones legales, ni mejorar los protocolos sino fundamentalmente recuperar la confianza ciudadana en las instituciones policiales, por eso se hace urgente impulsar una reforma estructural del funcionamiento a Carabineros.

 

Este gobierno ya no la realizó, sus Ministros del Interior han mostrado no tener control sobre la institución y los Intendentes reconocen públicamente que no tienen mando sobre ella, especialmente en materia de orden público. 

 

Además, el país debe asumir que el orden público no es un cheque en blanco para violar los DDHH de los ciudadanos, sino que el desafío democrático es construirlo respetando los derechos y libertades de la ciudadanía, así como avanzar en tener una sociedad más inclusiva y equitativa; por tanto, el orden democrático no se logra vía la acción represiva sino por la vía de desarrollar políticas democráticas.

 

Si no existe esa conducción política sobre Carabineros se seguirán perpetuando la autonomía exacerbada, la corrupción institucional y las violaciones a los DDHH de la ciudadanía.

 

La élite política no puede seguir postergando esta reforma a Carabineros y es hora de que empiece hoy para que pueda implementarse mañana, por lo cual debe ser una política transversal que asegure su implementación gradual, en los próximos años.

 

A diferencia de las últimas décadas donde la élite dio autonomía a Carabineros y sólo aumentaba su planta en 6.000  –como pasó en los últimos tres gobiernos-, pero no ejercía ningún control –ni político ni financiero- sobre su distribución en el territorio o sobre su formación o sobre su contratación; la reforma que viene debe instalarse sobre el liderazgo político y democrático del Gobierno y del Congreso de que habrá real control civil y político de lo que realizan y como lo hacen.

 

La primera tarea es modificar democráticamente la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros -la Ley Nº 18.961 de 07 de marzo de 1990-, que sólo puede ser modificada por una supra mayoría de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio; esa norma le ha dado una autonomía exagerada sobre nombramientos, ascensos, carrera profesional, el manejo de los recursos financieros y le permite dictar normas reglamentarias que rigen la institución, a veces sin siquiera tener que contar con la firma del ministro del cual dependen jerárquicamente. 

 

Su presupuesto para 2020 es de más de US$ 1.500 millones, pero no hay desglose de su gasto en personal, ni de la distribución del personal en los territorios con mayor actividad delictual y ya sabemos que tienen relaciones corruptas con sus proveedores vía los tratos directos ya que las licitaciones públicas no existen en Carabineros.

 

El país transversalmente debiera reclamar una policía sometida a las instituciones y autoridades de un régimen democrático, en base al control político-civil de un Ministerio de Seguridad y la efectiva rendición de cuentas ciudadana y al Congreso vía su Comisión Mixta de Presupuesto; por lo que la reforma estructural a Carabineros debiera ser una petición de la máxima urgencia política y ciudadana si de verdad queremos tener una mejor democracia.