El próximo 26 de abril la ciudadanía decidirá si quiere una Nueva Constitución o rechaza esa posibilidad manteniéndose la ideada por Jaime Guzmán y defendida estos años por la UDI.
Será la ciudadanía con su voto la que elegirá el nuevo pacto constitucional y además, en ese mismo plebiscito decidirá si se realiza por una Convención 100% electa o una Convención mixta entre parlamentarios y representantes de la ciudadanía.
El país está empezando a debatir lo que significa una nueva Constitución en materia de avances en derechos sociales, posible modificación del régimen político, la posibilidad de una nueva estrategia de desarrollo con capacidad de producir “valor agregado” a lo que producimos y exportamos y quienes rechazan los cambios anuncian caos, desorden y empobrecimiento del país tratando de legitimar un orden social que desde 18/O ha sido severamente cuestionado por sus abusos e inequidades.
Lo relevante es que será la ciudadanía en el plebiscito del 26 de abril la que decidirá si hay o no Nueva Constitución y ya la UDI con parte de RN se están empezando a matricular con el rechazo y el mundo progresista -con su compleja diversidad- empieza a enarbolar las banderas del apruebo una nueva Constitución, respaldados en la consulta ciudadana del 15 de diciembre en que participaron 2,5 millones de personas.
Lo razonable no es cantar anticipadamente victoria por la nueva Constitución basado en las encuestas y en la consulta, el plebiscito del 26 de abril es el partido de verdad y se requerirá un fuerte despliegue a lo largo del país promoviendo “el apruebo”. Los liderazgos progresistas que promueven la Nueva Constitución deberán movilizarse, instalar sus ideas y tener a más de 40.000 apoderados de mesa y ante los locales para defender los votos “apruebo”.
Esta movilización ciudadana ocurrirá en un contexto social marcado por una economía estancada, con IMACEC negativos, con menor actividad productiva, caída de inversión privada, con mayor desempleo y donde se requiere un rol activo de la política fiscal, tanto en inversión pública como en gasto social.
El presupuesto fiscal 2020 mostró una fuerte expansión post 18 de octubre producto de la presión opositora y finalmente se un presupuesto que hace crecer el gasto en 9% para 2020.
Pero el desafío que se tiene es ejecutar/implementar ese mayor gasto fiscal ya sea en la mayor inversión en infraestructura –especialmente en proyectos que enfrenten la escasez hídrica-, como también en Vivienda donde habría una expansión importante; pero este 2019 estos “ministerios inversores” tuvieron una mala ejecución presupuestaria y al mes de septiembre tenían una menor ejecución anual si se la compara con 2018 –según las cifras de la DIPRES-.
No es suficiente aprobar un presupuesto fiscal que crece el gasto en 9%, se requiere mover burocracias e inercias institucionales para asegurarse que la ejecución del gasto debe comenzar en enero –especialmente en inversión pública y en regiones-; también se requiere privilegiar proyectos de inversión intensivos en generar empleos en regiones –que permitan absorber la mano de obra despedida del sector privado-.
Los parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuesto tienen la responsabilidad de fiscalizar a la DIPRES y a los ministerios inversores que en estos 20 meses han mostrado debilidades en su ejecución como es el caso del MOP que en las últimas semanas –por distintas circunstancias- ha paralizado la ejecución del puente Chacao y el Túnel Aguas Negras y los planes de inversión comprometidos en infraestructura hídrica. Sólo un monitoreo estricto de los parlamentarios de oposición permitirá que este mayor gasto aprobado en ley de presupuesto se ejecute 100% y se convierte en factor relevante para que el país crezca 1% o 1,5% en el 2020.
Las fallas de gestión del Ministerio de Transportes ya anticipan que la rebaja de la tarifa para los adultos mayores de 65 años en 50% en todo el sistema de transporte público del país sólo estará operativa el segundo semestre del año. Este retraso es grave porque posterga un beneficio que se anunció para este año y ya las autoridades del gobierno están postergando su implementación, producto de su mala gestión.
Hay un desafío de eficiencia para las instituciones públicas este 2020 que debe exigir la Oposición que es mayoría en el Parlamento.
