“El Frente Amplio, el Partido Comunista y Gabriel Boric fueron, en gran parte, los responsables de desestabilizar Chile para obtener el poder”. La frase corresponde a una minuta elaborada por expertos y asesores de la derecha que busca derribar el relato de la recuperación de la “estabilidad” que Boric pretende instalar para la Cuenta Pública.

La minuta es una respuesta a las ideas de la Secretaría de Comunicación de Boric, Secom, en la que se proponía perfilar durante la próxima Cuenta Pública un mensaje de que el actual gobierno logró “estabilización del país”, este jueves, comenzó a circular un documento en una serie de chats de parlamentarios y ex asesores del Presidente Piñera donde se propone como tesis principal que “El Frente Amplio, el partido Comunista y Gabriel Boric fueron, en gran parte, los responsables de desestabilizar Chile para obtener el poder”.

El documento, que analiza de manera sectorial los resultados de la administración Boric, acentuando resultados negativos en materia de seguridad, crecimiento económico, déficit habitacional, indicadores de reconstrucción, entre otros, también pone énfasis en la idea de que las autoridades del actual oficialismo: “degradaron la institucionalidad, junto con alentar y justificar la violencia; el irrespeto por las reglas, y elevar sin contemplaciones las expectativas económicas y sociales”.

En seguridad, se plantea que los delitos más violentos han alcanzado la máxima cifra histórica durante la actual administración. Se indica que: “en 2023 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 6,3 es decir registró una pequeña caída respecto de 2022, cuando se registraron 6,7 homicidios. Sin embargo, es inevitable constatar que, en 2018, Chile registraba una tasa de solo 4,5”.

Se añade que durante la administración Boric se alcanzó la cifra histórica récord de asesinatos a carabineros mientras desempeñaban funciones, llegando a 10 mártires de la institución. Y se recuerdan que a fines de 2022 Gabriel Boric indultó a 12 detenidos en el marco del estallido social, entre ellos al exfrentista Jorge Mateluna. En 2 casos, se trataron de condenas por atentar contra miembros de la PDI. En 8 casos, se trataron de delitos que involucraron armas de fuego.

En inmigración, se formula un análisis crítico en donde se documenta que los flujos clandestinos se agudizaron, con más de 108.800 ingresos ilegales desde el 2022 según los datos de PDI. El aumento de la población migrante, que de acuerdo al documento sería de más del 8% de la población total del país, ha presionado el gasto público, la vivienda, la salud y la educación, además de incrementar el crimen organizado y la población penitenciaria extranjera, donde hoy la población inmigrante representa cerca del 15%, de acuerdo al documento que da a conocer el medio digital Ex Ante.

En el terreno económico, el documento critica la desaceleración de la economía y la caída en la inversión de 5,3% en 2023 y el alza del costo de la vida durante los dos primeros años del Gobierno de Boric, que de acuerdo a la minuta subió un 20,1%. A su vez, se plantea que la tasa desempleo es hoy de 8,7% a nivel nacional y 9,6% en la Región Metropolitana, afectando especialmente a las mujeres.

En vivienda, el documento pone énfasis en que según la encuesta Casen 2022, el déficit habitacional se estima 552.046 viviendas. En materia de campamentos, se describe que en la actualidad en Chile existen 1.290 campamentos y más de 114 mil familias viven en ellos, lo que representa un retroceso en más de 20 años.
Para finalizar el análisis sectorial, con una mirada crítica al proceso de reconstrucción ante los desastres naturales como los incendios estivales en Viña del Mar que dejaron un saldo de 135 fallecidos y más de 8 mil hogares dañados; formulando que Senapred informó la semana pasada que, a 3 meses de la tragedia, se han instalado sólo 1.698 viviendas de emergencia, de las cuales 364 están en asentamientos precarios, es decir, un 21%.

Sólo 9 de 32 proyectos mencionados por Boric hace un año fueron despachados a ley por el Congreso
El documento, cierra con una mirada crítica respecto del rol desempeñado por el actual oficialismo y en especial, por la más alta dirigencia del Frente Amplio cuando eran oposición.

Se recuerda, la conducta “poco colaborativa” del Frente Amplio durante la pandemia: “cuando el país más que nunca necesitaba de buena política, acusaron al gobierno de “criminal” por tratar de que los colegios se mantuvieran abiertos y los niños no perdieran clases. Incluso acusaron constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por impulsar que los colegios abrieran para evitar el enorme daño que les haría a los estudiantes”.

Siguiendo con el tema de las acusaciones constitucionales, la minuta también documenta con detalle las 10 acusaciones constitucionales respaldadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista a autoridades de la anterior administración de gobierno (dos de ellas formuladas en contra del ex Presidente de la República Sebastián Piñera).

Contrastando esta situación con el tono “colaboracionista” (de acuerdo al documento) que ha tenido Chile Vamos con el actual Gobierno, de hecho, se plantea que “la actual oposición ha colaborado en la aprobación de 238 leyes, varias de las cuales fueron iniciativa del Gobierno de Piñera y que la izquierda bloqueó en búsqueda de un objetivo político y dándole la espalda a Chile”.

El documento cierra con el siguiente mensaje: “Recuperar la seguridad, la confianza, mejorar los empleos, resolver las crisis de salud y educación, combatir la corrupción y la mala política y retomar la buena gestión ante las crisis y la falta de viviendas, son los objetivos urgentes que no admiten campañas comunicacionales engañosas ni gobiernos mediocres ni complacientes. Seamos mejores y los tiempos serán mejores”.