Un nuevo foco de atención surge en La Moneda tras la formalización por abuso sexual del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que reflotara otra denuncia por acoso laboral y sexual que involucró a una funcionaria de Presidencia, identificada como C.G.I., quien presentó una demanda contra el Gobierno durante 2023.

La denunciante, licenciada en historia y con 13 años de servicio en el Palacio de La Moneda, acusó haber sido víctima de acoso sexual, discriminación política y abandono por parte de su jefatura.

Según consignó La Tercera, la funcionaria llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2023, mediante el cual recibió más de $40 millones a cambio de desistir de su acción judicial.


El origen de la denuncia
En el documento judicial, la funcionaria relató que su trayectoria laboral comenzó en 2010, durante la primera administración de Sebastián Piñera, y continuó bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Piñera II.

Sin embargo, los conflictos surgieron en 2022 con la administración Boric, especialmente con su jefa directa, Paz Moreno, quien inicialmente valoró su desempeño, pero más tarde fomentó un clima de aislamiento laboral.

La víctima aseguró que Moreno desestimó un proyecto de accesibilidad universal que ella lideraba, obstaculizó su trabajo y habría amenazado a otros funcionarios para que se alejaran de la denunciante.

“Me manifestaron que no podía acercarme porque habían sido amenazados con perder su trabajo”, sostuvo.

Acoso sexual y abandono institucional
La situación se agravó con el acoso sexual por parte de un compañero de trabajo, identificado como Francisco Cofré, quien enviaba mensajes explícitos, la amenazaba con suicidarse si no accedía a sus demandas y, en una ocasión, la agredió físicamente.

“Francisco Cofré me llevó a una sala dentro de La Moneda y me sujetó del brazo exigiendo que accediera a sostener relaciones sexuales con él”, relató la denunciante.

En ese sentido, añadió que “en algunos de los mensajes (que Cofré enviaba) incluso nombra a doña Paz Moreno, señalando que si no accedo a sus exigencias hablaría con ella, agregando la frase ‘veremos quién de los dos pesa más’”.

A pesar de las pruebas presentadas, incluyendo mensajes de WhatsApp, su jefatura no tomó medidas protectoras.

Según la afectada, su superiora no solo ignoró los hechos, sino que también la obligó a decidir si el agresor podía seguir participando en reuniones del departamento, situándola en una posición de vulnerabilidad.

El caso concluyó con el acuerdo económico entre el Gobierno y la funcionaria, que permitió a C.G.I. costear tratamientos psicológicos y compensar la pérdida de su empleo.

Asimismo, desde Presidencia confirmaron que los implicados ya no forman parte del Gobierno: Paz Moreno renunció en enero de 2023 y Francisco Cofré fue desvinculado en junio de 2024 tras un procedimiento disciplinario.