OCDE entregó su Informe 2018 sobre Chile ratificando que la recuperación económica se está consolidando (proyectando un crecimiento de 2,9% para este año).

 

Reitera que entre 2014-2016 la caída del precio del cobre deprimió la inversión, que el desempeño de las exportaciones ha sido decepcionante (minera y no minera) y que el magro crecimiento de los últimos años (1,6%) ha sido sustentado en la política fiscal o sea el mayor déficit.

 

Nos recuerda que la desigualdad sigue estando en niveles elevados, que hay una baja productividad laboral, que las pensiones de vejez son bajas y que la Inclusión Social requiere de un alto crecimiento y mayores ingresos fiscales.

 

Entre sus principales conclusiones sobre la economía chilena y su futuro, OCDE nos señala que "para sostener el crecimiento, Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre".

 

Es relevante que un organismo técnico serio y responsable insista que la clave del futuro es la Diversificación Productiva, una mayor inversión en Innovación y Desarrollo (Chile invierte sólo 0,4% del PIB mientras que el promedio OCDE es 2% del PIB) y que existan mercados más competitivos, Chile obtiene la peor evaluación sobre el grado de competencia en sus mercados.

 

Estas recomendaciones de políticas pro diversificación, pro innovación y pro competencia que nos plantea la OCDE para alcanzar un desarrollo sustentable tienen una mayor sofisticación que el simplismo ortodoxo de darle prioridad a los inversionistas, rebajar impuestos y crear incentivos a la inversión como nos proponen las próximas autoridades económicas.

 

Sería bueno escuchar a la OCDE y sus recomendaciones de políticas para que Chile sea un ejemplo de Desarrollo con Inclusión Social, para la cual se requieren más impuestos (OCDE propone aumento impuestos verdes, aumento impuestos sobre la propiedad en vivienda) que permitan “una política fiscal más inclusiva y sostenible”, con un sistema tributario que se sustente en los impuestos a las rentas del capital y no en el consumo de la población como ocurre hoy con el alto valor del IVA.

 

El subtexto de este Informe es que queda claro que las reformas sociales “no destruyeron” la economía chilena, que tuvimos un shock externo fuerte, pero que es urgente reforzar una política más activa para tener una economía más diversificada, agregar valor a nuestra canasta exportadora y mejorar la productividad laboral.

Es de esperar que las nuevas autoridades lean atentamente las recomendaciones OCDE en especial aquellas referidas a que se requiere una combinación de alto crecimiento y mayores ingresos fiscales para avanzar en Inclusión Social y no partamos debatiendo un proyecto de ley que rebaja impuestos “disfrazado” de simplificación tributaria.

 

Humildemente pido que escuchemos a la OCDE.