El ex fiscal Carlos Gajardo cuestionó la condena por delitos tributarios a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el juicio abreviado donde la Fiscalía retiró el delito de cohecho, advirtiendo que el mensaje que se da a los empresarios es que no pueden ser sancionados por pagar a un funcionario público.
La causa, en su origen, era llevada por el propio Gajardo junto a Pablo Norambuena -ambos renunciados al Ministerio Público-, recordando que la empresa liderada por Délano y Lavín pagó tres millones de pesos cada dos meses al entonces subsecretario de Minería Pablo Wagner.
“¿Qué señales damos como país si, al final, los casos más graves, los grandes portonazos económicos, terminan al final sin sanciones efectivas?”, preguntó Gajardo en contacto con Radio Cooperativa.
El ex persecutor manifestó que “el mensaje que se da por parte de la Fiscalía, lo más grave creo yo, es decir hoy a todos los empresarios de Chile: Usted le puede pagar tres millones de pesos a un ministro, a un subsecretario, a un parlamentario, puede reunirse con él para los negocios que le interese a la empresa y eso hoy no es delito“.
“Eso es lo que está diciendo hoy la Fiscalía, no lo dice un abogado defensor, lo dice la Fiscalía de Chile, organismo encargado de la persecución penal y eso es particularmente grave”, criticó.
Gajardo recalcó que “siempre supimos y dijimos que el cohecho en Chile tenía penas bajas (…) y esto es lamentable porque, efectivamente, el delito de cohecho es un delito particularmente grave que afecta al conjunto de la ciudadanía”.
“Cuando un funcionario público, sobre todo de alto rango (como Wagner), recibe dinero, al final lo que está haciendo es favorecer intereses particulares y, por lo tanto, perjudicando el conjunto de los intereses de la ciudadanía”, aseveró.
El ex fiscal sentenció que “el problema en temas de probidad es justamente que hay personas que creen que con dinero pueden hacer cualquier cosa y pareciera que el Estado les da la razón, porque dice ‘bueno, si te pillo, usted me paga y aquí no ha pasado nada’. No puede ser esa la señal que da un Estado moderno”.
La sentencia contra Délano y Lavín se conocerá el próximo lunes 9 de julio, a las 14:00 horas, en el mismo tribunal y la Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de libertad vigilada y el pago de 1.700 millones de pesos.
La Fiscalía en Caso Penta ha dado este mensaje a los empresarios: Pueden pagarle 3 millones de pesos todos los meses a ministro, subsecretario o parlamentario y luego reunirse con ellos para tratar los negocios de la empresa. Eso dice la Fiscalía no es delito.
