La ex titular de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, denunció que los cambios realizados al reglamento de la Ley de Aborto en 3 causales, permiten que más instituciones de salud se nieguen a prestar el servicio. “Se hacen más laxos los requisitos para manifestar la objeción de conciencia”, dijo.

Así, la exministra Claudia Pascual, desmintió los dichos del titular del Ministerio de Salud, Emilio Santelices, quien aseguró que el cambio realizado por el Gobierno al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto no afectaría la aplicación de la iniciativa.

Al respecto, el jefe del Minsal señaló durante esta jornada que “no hay ningún alcance que modifique ni la ley, ni su reglamento, ni el acceso, y el derecho que las mujeres tienen para aplicarse un aborto en alguna de las tres causales cuando ello lo requieran”.

Para la ex secretaria de Estado “el cambio que se ha propuesto en el protocolo de objeción de conciencia precisamente lo que hace es limitar la posibilidad de dar las prestaciones de salud en el sector privado en el caso de la ley que nos permite despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales”.

“Porque efectivamente le permite a todas las instituciones privadas objetar institucionalmente, incluso aquellas que tienen convenios con el Estado para poder asegurar por ejemplo la prestación del sistema nacional de salud en aquellos lugares en que el propio servicio público no llega”, dijo a la prensa.

Según Pascual, “efectivamente no se cambia ningún artículo de la ley, pero el protocolo que tiene un rango normativo menor a la ley si limita la administración de la misma. Esto se va produciendo tanto en la manifestación de objeción de conciencia individual, como en la manifestación de conciencia institucional”.

La trampa de la administración Piñera consiste en hacer “más laxos los requisitos para poder manifestar esa objeción de conciencia. Por ejemplo, en la objeción de conciencia individual no se hace perentorio el utilizar un formulario de manifestación de conciencia con todos los requisitos que hay, sino que uno lo puede dejar puesto en cualquier página”.

No solo eso, señaló Pascual: "Además, se elimina la obligación que tenía el jefe del establecimiento de firmar esas fichas de manifestación de objeción de conciencia. Por otro lado, también en la objeción de conciencia institucional, se eliminan requisitos dentro de los elementos que tenían que manifestar", agregó.

Agregó la ex secretaria de Estado que “también se elimina el tener que mostrar el acta en donde la institución toma la decisión de ser objetor de conciencia. Entonces, es como medio extraño que uno diga, ‘¿solo el representante legal va a poder decir nuestra institución es objetora de conciencia y no hay un acto institucional colectivo que diga tomemos la decisión de ser objetores de conciencia?”.

“Quiero recordar esto porque me parece pertinente porque nosotros como ex Gobierno no considerábamos que la objeción de conciencia institucional era pertinente, en tanto las instituciones no tenían idearios ni creencias. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional les reconoció ese derecho a las instituciones”, dijo.

“Entonces, si se es coherente con aquello, por qué la institución no va a poder manifestar entonces en un acto público que si es objetora de conciencia y que al mismo tiempo pueda mostrar también cuáles son los idearios que tiene su institución que contravienen el poder dar las prestaciones y que tenga alguna relación con su estatuto. Son dos elementos que se eliminan de los requisitos para poder ser objetor de conciencia institucional”, recalcó la denuncia.

Para Pascual, con ello puede darse “una discriminación en función de aquella mujeres que se atienden por instituciones privadas en aquellos lugares donde el servicio público tiene un convenio específico con ellos para dar ciertas prestaciones gineco-obstetricas, y por otro lado también se les dificulta a las mujeres de Isapre que se atiendan en clínicas privadas”.

“Todo protocolo indudablemente uno no puede negarse a que pueda ser perfectible, pero finalmente cuando uno lee aquí queda la preocupación y es alarmante que se haga un cambio que finalmente flexibiliza, hace con mayor laxitud y le quita requisitos tanto a las personas como a los individuos para manifestar la objeción de conciencia”, manifestó.

Para rematar, aseguró que los cambios “limitan las posibilidades de que más instituciones puedan dar estas prestaciones de salud (...) Al mismo tiempo, también me llama la atención que se elimine que para el resto del personal del equipo de salud la objeción de conciencia no procede respecto de los actos que aun vinculados con la interrupción del embarazo deban realizarse fuera del pabellón quirúrgico, es una alerta de que eso pudiera dar interpretaciones en lo sucesivo como para seguir ampliando la objeción de conciencia individual”, espetó.