La Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la PDI está a cargo de las diligencias de la investigación penal abierta por la llamada telefónica que realizó en mayo pasado una asesora de la exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, antes de que fuera detenido por delitos de Ley de Seguridad del Estado y otros asociados a la violencia rural.

El Ministerio Público busca recabar las versiones de ex y actuales autoridades del Gobierno para determinar si hubo o no ilícitos en torno a la comunicación entre la asesora Tania Santis y Llaitul, dado que esta se produjo cuando la investigación contra este último estaba en curso.

Actualmente, el imputado está formalizado y en prisión preventiva. La nueva indagatoria la dirige la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y, en específico, el persecutor jefe de Centro de Justicia, Patricio Cooper.

El caso inició tras la querella presentada por el abogado Marcelo Bruner por eventuales delitos de obstrucción a la investigación, entre otros. 

"Ubicar y tomar declaración, en calidad de imputada, de doña Jeanette Vega, sobre los hechos que indica la querella". Esa es una de las diligencias instruidas a la PDI, según conocedores de esta causa. Y las preguntas encargadas apuntan a clarificar "si efectivamente ella (Vega) asumió la coordinación interministerial de la macrozona Sur, como afirmó al canal de televisión TVN, 24 Horas", así como quién le asignó este rol, en base a qué documento o acto administrativo y si sabía del llamado de su asesora al líder de la CAM.

Otro de los objetivos de la diligencia, indican, son las "razones para comunicarse con Héctor Llaitul y si se produjo esa comunicación" y "si informó a alguna otra autoridad de esta comunicación". Estas pesquisas, que eran parte de la querella, se suman a otras requeridas por el Ministerio Público, como es la citación de Tania Santis para averiguar "quién se lo encargó (el llamado)", cómo consiguió el número telefónico y "si tiene conocimiento (de) que se produjo la conversación entre Héctor Llaitul y la exministra Vega, si la presenció".

Sobre esto último, la exministra Vega ha negado haber tenido contacto con Llaitul. "Jamás conversé con él", dijo en septiembre a distintos medios de comunicación.

Sur La misma BIPE deberá diligenciar otras órdenes en torno a testigos de contexto, como tomar la declaración, como "testigo, de doña Izkia Siches" para que explique hechos de la querella en su calidad de exministra de Interior.

El objetivo es preguntarle si tuvo conocimiento o no de la coordinación interministerial para la macrozona Sur a cargo de Vega. O, si como ministra se lo pudo encomendar y, si fue así, mediante qué acto administrativo.

Asimismo, se pide verificar si Siches conoció del contacto con Llaitul, su naturaleza y finalidad. Por último, si tuvo contacto con el líder de la CAM. En otra de las diligencias se incluye la citación, como testigo, de la exjefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert.

Se busca chequear si sabía de la coordinación interministerial para la macrozona Sur a cargo de la ex ministra Vega, así como la eventual información que tuviera sobre la llamada a Llaitul. También se solicita ubicar al actual subsecretario de Interior Manuel Monsalve para que testifique en la misma línea que Dammert.

Si tuvo antecedentes respecto de la comunicación y la naturaleza de esto. Igualmente, se requiere la recuperación de documentos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como actos administrativos para la coordinación interministerial o actas de sesiones sobre el punto.

 La querella por la que se abrió esta causa está dirigida contra las personas que “resulten responsables” de los delitos de obstrucción a la investigación, incumplimiento a la obligación de denunciar y el ejercicio ilegal del cargo.

En ella, se recuerda el llamado de la asesora a Llaitul en mayo de este año y que, según el querellante, ese mismo día, el líder de la CAM, convocó a organizar la "resistencia armada", dado el "estado ‘intermedio’ que el presidente Boric analizaba decretar en el sur".

Se refiere en la acción penal que “siguiendo la línea de la coordinación interministerial que se atribuyó la entonces ministra Vega, ella asumió la representación del Gobierno también para enfrentar los temas de seguridad (por eso es que la ministra Siches es quien le habría manifestado el ‘encargo’), de modo que intentar contactarse con la persona que horas antes había llamado a tomar las armas para enfrentarse al Gobierno, sumado a la resistencia de la autoridad a perseguir dichas acciones, configura al menos un incumplimiento del deber de denuncia que pesa sobre los funcionarios públicos".

"Lo que resulta más grave —agrega la misma presentación— es que tenemos conocimiento que al menos la ministra Vega tenía el contacto del sr. Llaitul, y la voluntad de contactarlo pero no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado y que solo después de dos meses fueron objeto de una querella criminal por parte del Gobierno".

Añade la querella que "resulta indispensable, para esclarecer los hechos, determinar si hubo posteriores comunicaciones entre funcionarios públicos del Gobierno con el Sr. Llaitul, con qué atribuciones contaba la ministra Vega para intentar un contacto con el sr. Llaitul y el real encargo.

En este sentido, son llamativas las declaraciones del senador Jaime Quintana quien señaló que: ‘Me parece que la ministra Vega estaba llevando adelante la orientación que en ese momento tenía el Ejecutivo en el sentido de dialogar con todos y que aquí no se perseguían ideas. Se hablaba mucho de que se dialogaba sin exclusión".