La exministra Camila Vallejo se refirió a la reforma constitucional propuesta por el gobierno de José Antonio Kast.
Desde su punto de vista, la administración de Kast comenzó con un plan preparado en materia económica y logró alcanzar su objetivo con la aprobación de la megarreforma. Luego, respecto de la agenda de seguridad y el plan laboral, comentó que existe una continuidad en el objetivo de seguir “reduciendo al Estado” y, a su vez, de “instalar la idea de que los derechos laborales son un costo que hay que disminuir para supuestamente, con eso, generar más empleo, pero que a la larga va a precarizar el empleo y no necesariamente generar más (trabajo)”.

“Este gobierno llegó al poder prometiendo el cielo en materia de seguridad, que inmediatamente iban a poner mano dura y que iban a resolver con capacidad operativa los problemas de la delincuencia, el crimen organizado y los homicidios, y eso en seis meses no se hizo. Hubo improvisación y no hubo un plan propio. De hecho, el ministro Martín Arrau dijo que iban a continuar con la política de seguridad del gobierno anterior”, comentó en el programa Descabelladas, de la Universidad de Chile.

Camila Vallejo dijo que la agenda de seguridad del Ejecutivo contempla tres aspectos: la continuidad de las políticas de la administración anterior, acciones que ya se realizaron y la reforma constitucional, que corresponde a un plan propio.

“La reforma constitucional no es un plan realmente contra el crimen organizado y la delincuencia, sino que es gato por liebre, porque es decir ‘vamos a combatir con esto la seguridad’ en esta reforma constitucional, pero al final es introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”, arremetió.

Por tanto, la exministra y exdiputada afirmó que la propuesta “no garantiza mayor efectividad en la persecución del delito, sino que lo único que garantiza es que pasemos a estados de excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades”, y argumentó que esta preocupación ha sido advertida por abogados constitucionalistas, sectores de la centroderecha y del mundo progresista.