El expresidente Ricardo Lagos envió una carta a la timonel de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para manifestar su preocupación ante la propuesta de levantar el secreto del informe emanado de la Comisión Valech.
Esta iniciativa fue planteada en la mesa de trabajo de Derechos Humanos tras una maratónica jornada, instancia en la que también salieron otras ideas como reemplazar a Carabineros por otra institución.
“Es un planteamiento no sólo llamado a quebrar un compromiso del Estado de Chile, sino pasa por encima del respeto que debemos a miles de compatriotas en sus opciones de vida, tras cruzar por los horrores de aquel tiempo brutal”, señala el exmandatario.
Cabe recordar que la Comisión Valech se encargó de establecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por motivos políticos, cometidos por agentes del Estado, entre 1973 y 1990.
En 2004, se estableció que parte fundamental de esta información iba a estar bajo secreto durante los próximos 50 años, incluyendo nombres de testigos, víctimas y victimarios.
“Este proceso implicaba para las victimas abrir heridas y revivir los tormentos, además del miedo que significaba hablar. Más de alguno habrá pensado ¿qué seguridad tenemos de no ser víctimas otra vez si todo vuelve atrás? Por eso decidimos crear una Comisión con las garantías necesarias ante la cual se diera a conocer la verdad sobre el sistema de prisión política y tortura”, indicó Lagos.
Por otra parte, el exjefe de Estado asevera que “cuando se dice que hay un pacto de silencio con los militares para justificar el secreto en los informes, no solo es una mala interpretación del documento, sino que una falacia: el secreto es justamente un beneficio para las víctimas y no las podemos obligar a hacer público su testimonio”.
Finalmente, dijo que “quienes creen que esa palabra está establecida por una connivencia con los militares” pueden acercarse a la justicia y probarlo.
“Esa acusación conlleva una falta de ética profunda, porque la inspiran intereses publicitarios de corto plazo, y constituye una afrenta para quienes estuvimos a cargo del gobierno de Chile: nadie tiene derecho a suponer tal conducta”, concluye.