El Poder Judicial confirmó el fallecimiento de Adolfo Bañados Cuadra, exministro de la Corte Suprema de Chile, a los 103 años de edad.

Bañados Cuadra, nacido el 27 de septiembre de 1922, dedicó más de cinco décadas de su vida al servicio de la judicatura chilena, comenzando su carrera en 1948 como secretario judicial y notario en Calbuco, escalando hasta alcanzar el cargo de ministro de la Corte Suprema, donde se desempeñó desde 1990 hasta su retiro en 1998.

Durante su extensa trayectoria, Bañados Cuadra ejerció funciones en prácticamente todos los niveles del Poder Judicial, incluyendo: juez en tribunales de Letras, Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y, posteriormente, de Santiago y, finalmente, Ministro de la Corte Suprema.

Más allá de su personalidad institucional, Bañados Cuadra es recordado por su rol en investigaciones que marcaron la historia judicial del país, especialmente en causas relacionadas con violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Uno de ellos fue el caso Lonquén. Como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tuvo a su cargo la investigación sobre la desaparición de campesinos en 1973, un proceso que permitió desmontar versiones oficiales y establecer hechos que eran negados por las autoridades de la dictadura.

El hallazgo de cuerpos y evidencias forenses contribuyó a revelar la verdad sobre estos crímenes.

Otro de sus casos emblemáticos fue el del asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos, donde Bañados Cuadra fue clave en la investigación y procesamiento de los responsables del atentado que costó la vida al excanciller en 1976.

En 1993, como ministro de la Corte Suprema, lideró el fallo que condenó a integrantes de la cúpula de la DINA, incluida la de altos mandos como los generales o brigadieres del ejército (R) Manuel "Mamo" Contreras y Pedro Espinoza, por este crimen internacional que conmocionó a la comunidad jurídica y política.

El legado de Adolfo Bañados trasciende los fallos específicos. Representa una generación de jueces que enfrentó el desafío de aplicar el derecho en medio de presiones políticas, sociales y diplomáticas, contribuyendo a sentar bases para la jurisprudencia moderna en materia de derechos humanos en Chile.

Su trabajo ayudó a consolidar principios hoy considerados fundamentales: la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad penal de agentes estatales y la centralidad de las víctimas en los procesos judiciales.

El impacto de su trayectoria fue reconocido en 2022, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema le rindió homenaje con motivo de su centenario, colgando una fotografía en la sala de acuerdos como tributo a su carrera y aporte a la justicia chilena.

La Corte Suprema, en su comunicado oficial, expresó profundo pesar por su partida y destacó que sus aportes han dejado una huella imborrable en la judicatura y en la defensa de los derechos fundamentales.