El pasado fin de semana Ecuador hizo noticia con el referéndum que, entre otros puntos, eliminó la reelección indefinida en todos los cargos públicos, reforma que le prohíbe al exmandatario Rafael Correa volver a ser candidato presidencial.

 

Esta noticia supone un triunfo para el actual jefe de Estado Lenin Moreno, otrora aliado de Correa, respecto a las aspiraciones electorales del denominado “padre de la revolución ciudadana”.

 

Más allá de las connotaciones ideológicas que generó esta consulta vinculante, tanto en Ecuador como en el resto de Latinoamérica, existe un tema no menor que extrapolado a la realidad chilena reviste un profundo análisis sobre la falta de voluntad política que han mostrado las autoridades, en especial los parlamentarios, a la hora de avanzar en los límites a la reelección.

 

Desde el retorno a la democracia, lo único que se cambió fue la reducción de seis a cuatro años para el Presidente de la República, pero con el resto nada. Es decir, período de cuatro años con la opción de repostular indefinidamente para los diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, que a partir de 2013 pasaron a ser elegidos con el voto popular, y período de ocho años para los senadores.

 

 

Palabras más o menos, desde 1990 a la fecha se han presentado diversos proyectos de ley que han buscado retocar el modelo, pero sin resultados concretos.

 

Entre ellas se destacan dos: dejar cuatro años para el Primer Mandatario con una reelección, texto que fue presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y permitir una sola reelección para senadores y dos para los diputados, iniciativa que fue aprobada por la comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado en la saliente administración de Michelle Bachelet, pero sin efecto retroactivo.

 

Por lo tanto, aunque un congresista lleve 20 años en el cargo podría ejercer dos períodos más en la Cámara Baja y una más en la Alta si este así lo decide. Al parecer, no se notó que el país vivía una dura crisis de credibilidad y confianza tras el estallido de los casos Penta, SQM, Cabal y Corpesca.

 

Para el archivo se menciona el proyecto de los diputados Joaquín Godoy y Pedro Browne, ingresado en enero, el cual solicita que el período parlamentario se reduzca de cuatro a tres años y nueve meses, para que así en los tres meses restantes, si es que los legisladores deciden repostular al escaño, lo hagan sin el “privilegio de la dieta, ni el equipo remunerado por el erario público”.

 

Además, promueven una sola reelección para diputados y senadores, los que verían disminuido su período de ocho a cuatro años, y taxativamente enuncian que los Presidentes de la República no se pongan la banda tricolor más de dos veces.

 

Todo bien si no fuera porque esta dupla de honorables deja el hemiciclo en marzo y su partido, Amplitud, dejará de existir por mandato del Servel.

 

Alejandro Navarro, senador del Biobío y excandidato presidencial, también hizo lo suyo al plantear una reforma -en junio de 2015- que sugiere “un límite a la reelección por una sola vez y que luego sean los ciudadanos y ciudadanas las que deben definir los mecanismos de elección”.

 

“Si la ciudadanía decide reelección indefinida perfecto, si decide que sólo un período perfecto también. Los parlamentarios deben entender que están para servir de amplificador de la percepción ciudadana y recibir la demanda que se escucha en las calles, radios y diarios de todo el país, y sobre todo en las redes sociales electrónicas”, agregó.

 

 

Para 2018 se espera que la bancada debutante del Frente Amplio insista con el límite de la reelección para todos los honorables, como asimismo la reducción de la dieta parlamentaria (sueldo) y otros beneficios, propuesta que presentaron Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (MA) a sabiendas de que iban a quedar como héroes ante la opinión pública.

 

Sin embargo, se espera también que desde los demás comités vuelva a repetirse la resistencia que ya se vio en el último cuatrienio, partiendo por el PC y la derecha, que en este engorroso ítem piensan lo mismo.

 

En suma, más pan y circo. Y eso que estamos con sistema electoral nuevo y un considerable cambio de caras en el segundo poder del Estado.