El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la indagatoria del caso ProCultura, de la cual fue removido y que también le valió enfrentar un recurso de remoción ante la Corte Suprema presentado por parlamentarios oficialistas.

Finalmente, dicha solicitud fue rechazada por el máximo tribunal. Sin embargo, tanto un tribunal de primera instancia como la Corte de Antofagasta declararon como “ilegales” las escuchas que ordenó Cooper contra Josefina Huneeus Lagos, exesposa de Alberto Larraín.

Luego de la determinación de la justicia, a mediados de mayo, el fiscal nacional Ángel Valencia removió a Cooper de la indagatoria.

Consultado sobre la situación, el fiscal Cooper señaló que “entiendo perfectamente la decisión tomada por el fiscal nacional, porque efectivamente lo más importante aquí es el éxito de la causa”.

“A mí me preguntaron una vez en la calle: ¿usted qué opina? Yo no opino. Una acción jerárquica como esta, yo acato, y me quedo con él, porque me sentí respaldado por el fiscal nacional”, añadió también el persecutor.

En esa misma línea, aseguró que “se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura”, antes de salir de la causa.

“Era la cúpula de ProCultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba al tanto del tema. Y quizás por eso también se tomó la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, acotó.

Cooper fue apartado del caso tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la fundación, Alberto Larraín, siquiátra y amigo personal del Presidente Boric. Desde entonces, la investigación quedó bajo la dirección del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Consultado sobre su remoción, Cooper valoró la decisión como acertada, aunque reconoció las dificultades que implica reasignar un caso avanzado. “Cuando un equipo ya toma la postura de judicializar y pedir formalizaciones, uno se entrega a ese tren. Cambiarlo de manos, con otro equipo, es muy complejo”, señaló.

Pese a las diferencias que puedan surgir entre equipos del Ministerio Público, sostuvo que las posturas distintas son legítimas: “No soy dueño de la verdad”, dijo, reafirmando que entregar la causa fue lo adecuado.

Finalmente, aclaró que las formalizaciones contempladas apuntaban al delito de fraude al fisco, incluyendo desde Alberto Larraín hacia abajo. Además, precisó que la posible arista por financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada al momento de su salida. “Eso todavía faltaba mucho por investigar, así que ahí lo descarto completamente”, concluyó.

Del mismo modo, sostuvo que “entonces, desde ese punto de vista, me parece correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento, para que otro equipo asumiera”.