El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció la apertura de una investigación de oficio por las cuestionadas pensiones de gracia, beneficios entregados por el Estado a víctimas del estallido social de 2019 y a las que la Contraloría General de la República detectó una serie de falencias.

El informe del ente reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas en delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.

El Ministerio Público indicó en la tarde de este viernes que el objetivo de la investigación es "recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia".

Así, para esta causa fue designado el recién asumido fiscal regional Metropolitana Occidente, Marcos Pastén.

A juicio del Ministerio Público, "dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal".

"La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas", confirmó el enter persecutor.

En primer lugar, el organismo evaluará las irregularidades dadas a conocer en el informe de Contraloría.

Este viernes diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude en el otorgamiento de estas pensiones de gracia.

En detalle, en el escrito -de diez carillas- señala que "venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos".

La denuncia, liderada por los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper indica también que "todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del 'estallido social' adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal".