La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios.

Esos convenios son por 426 millones de pesos y han traido una dura polémica política en los que están involucrados la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade (RD) y el ex asesor de la propia parlamentaria Carlos Contreras (RD) que era el seremi de Vivienda en Antofagasta y que tuvo que renunciar por este escándalo el sábado pasado.

Según informó Fiscalía mediante un comunicado, la causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Araneda, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito.

Para tales efectos, como primeras diligencias, se enviará una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la PDI y se requerirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y Seremía de Vivienda, la entrega de todos los antecedentes vinculados a los hechos que serán materia de investigación.