La futura ministra de Energía y actual senadora por el Maule, Ximena Rincón, evitó comprometer el respaldo del próximo Gobierno al proyecto impulsado por el Ejecutivo para enfrentar el alza de las cuentas de la luz. Tras una reunión bilateral con el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, la senadora afirmó que la iniciativa será revisada antes de definir una posición.

La reunión se dio en el contexto del cambio de administración y tuvo como eje la deuda eléctrica acumulada por los hogares entre 2020 y 2024, que alcanza cerca de $730 mil millones, según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Dichos montos comenzarán a cobrarse a partir de abril, con un plazo de hasta 48 meses, propuesta que el Ejecutivo enviará como propuesta legislativa al Congreso para ordenar el pago de esa deuda.

La iniciativa propuesta por el ministro García contempla un cargo fijo promedio de $1.450 mensuales por hogar durante cuatro años. A la vez, considera un subsidio estatal para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, de modo que ese grupo no asuma el incremento.

La idea del Ejecutivo es financiar ese subsidio a través de la mayor recaudación fiscal por el cargo extra. Según lo que señalaron desde La Moneda, el subsidio tendría un costo cercano a los $15 mil millones, mientras que la mayor recaudación asociada al cargo permitiría ingresos por unos $19 mil millones, evitando así un impacto fiscal negativo.

Futura ministra Rincón: “Vamos a revisar”

Tras la cita, Rincón subrayó que el próximo Gobierno evaluará la propuesta antes de tomar una decisión. “Para el Presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante. Vamos a revisar la propuesta que hace el Ministerio”, afirmó.

La futura ministra recalcó que el análisis incluirá a los equipos técnicos, al ministro de Hacienda y al propio Presidente electo. “Vamos a revisar esa propuesta y conversarla para ver cuál va a ser nuestra posición”, reiteró, evitando adelantar un apoyo explícito.

Desde el Ejecutivo, Álvaro García reconoció que el futuro de la iniciativa dependerá de la nueva administración. “Este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un proceso político. Es lo más natural que el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarlo”, señaló.

Así, la definición sobre cómo enfrentar el alza de las cuentas de la luz quedará en manos del próximo Gobierno, en un escenario marcado por el impacto social del ajuste tarifario y la necesidad de una solución políticamente viable.