La Comisión de Constitución del Senado había eliminado una indicación que inhabilitaba a familiares de parlamentarios para ocupar cargos de notarios, conservadores y archivadores, el Gobierno ha manifestado su intención de insistir en este aspecto.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que algunos senadores están dispuestos a reintroducir esta inhabilidad en el proyecto de ley en discusión.

El ministro Cordero señaló que, aunque la Comisión de Constitución es soberana en sus decisiones, el Ejecutivo seguirá presionando para que se reconsidere esta indicación. “Es una indicación respecto a la cual el Ejecutivo va a insistir”, aseguró.

El jueves pasado, en plena sesión, el senador Rafael Prohens se acercó a la testera del Senado para pedirle a la mesa directiva, que preside el también RN José García Ruminot, que el proyecto sea enviado a la referida instancia parlamentaria luego de que la Comisión de Constitución, donde aún se tramita, emita su informe. Según Prohens, lo había pedido el también senador RN Manuel Ossandón.

"El Cote (apodo de Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías (Walker, vicepresidente). No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de García Ruminot), no te vai a arrepentir", les dijo el subjefe de bancada de RN, cuyas palabras fueron escuchadas en la transmisión oficial dado que el micrófono estaba encendido.

El Gobierno también busca modificar el proceso de nombramiento de notarios, trasladándolo del Poder Judicial a la Alta Dirección Pública. Esta reforma pretende asegurar un proceso más transparente y equitativo en los nombramientos, señala La Tercera.

La inhabilidad propuesta no solo afectaría a los familiares de diputados y senadores, sino también a los familiares de altos funcionarios de la administración pública. El objetivo es evitar conflictos de interés y promover la transparencia en la administración de justicia.

El debate sobre esta cuestión continúa en el Congreso, donde el Gobierno espera lograr consenso para implementar estas reformas que considera esenciales para fortalecer la integridad del sistema judicial.