En medio de la tramitación de la ley de reajuste al sector público, el Ministerio de Hacienda anunció un cambio clave a uno de los puntos más cuestionados por la oposición: el llamado “amarre” a funcionarios que ingresaron al Estado durante el actual Gobierno.

La norma original permitía que funcionarios a contrata con dos años de antigüedad pudieran reclamar ante la Contraloría General de la República (CGR) cuando consideraran ilegal su despido o no renovación.

Tras las críticas, el Ejecutivo decidió modificar el requisito.

¿Qué cambia ahora?
El derecho a reclamo ante Contraloría solo estará disponible para funcionarios con al menos cinco años de antigüedad en el cargo.

¿Por qué se hizo el cambio?
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que la medida busca evitar cuestionamientos políticos y despejar dudas sobre una eventual protección a funcionarios contratados durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Es para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo”, sostuvo el ministro.

La ley de reajuste al sector público salió del Congreso, en medio de un debate marcado por las tensiones entre el Gobierno y la oposición.

Diputados despachan la ley

Tras un extenso debate particular, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó este lunes el reajuste de 3,4 por ciento para el sector público, así como la mayor parte de las normas incluidas en el proyecto del Gobierno.

El oficialismo logró ratificar el guarismo al imponer su mayoría en la instancia, aunque se prevé que la norma enfrente una prueba más exigente en la Sala este miércoles, para cuando está fijada la votación de la iniciativa completa.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que la comisión visara "prácticamente todos los artículos que fueron discutidos; ya llegamos a más de 90 artículos aprobados".

"El día de hoy, llegamos a 57 artículos aprobados, muchos de ellos con amplia mayoría, y creemos que es positivo que a pesar del debate, el resultado final es que se avanza: se avanza en los acuerdos que hubo con la Mesa del Sector Público, y también en temas muy diversos", apuntó el jefe de la billetera fiscal.

Por ejemplo -y con votos en contra de la oposición-, se aprobó la norma que establece por mandato legal que todos los funcionarios de asesoría directa a las autoridades políticas presenten su renuncia, a más tardar, el 11 de marzo.

Sin embargo, y después de los reparos expresados por la Contraloría, el oficialismo dejó caer la última indicación del Gobierno, que pretendía subir de dos a cinco años el plazo mínimo de permanencia en el Estado para que los funcionarios despedidos por la próxima administración pudieran apelar a esta decisión.

De este modo, la norma que la derecha considera de "amarre" quedó con su redacción original, que establece sólo dos años de contrata para reclamar un eventual despido injustificado.