“Estamos llegando al final de un debate que ha sido largo, que ha sido intenso, ha sido duro y nos ha tocado tomar definiciones muy importantes”.

Así resumió la ministra del Interior, Carolina Tohá, la extensa tramitación -que este miércoles llegó a su fin- del paquete de 14 observaciones o vetos que La Moneda envió al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, que fue despachada esta tarde por la Cámara y quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Ayer, en una votación no vinculante, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó once de los catorce vetos aplicados por el gobierno, a pesar de que el oficialismo tenía minoría en dicha instancia legislativa.

Este miércoles, en la Sala, 13 de las modificaciones del Ejecutivo fueron aprobadas y sólo uno de los vetos fue rechazado. Pese a ello, la oposición no logró imponer su voluntad en la observación impugnada, debido al alto quórum, por lo que dicho artículo finalmente fue suprimido del texto y el Ejecutivo logró, de igual forma, su cometido.

En ese sentido, la estrategia gubernamental dio resultados y el Congreso despachó las observaciones del gobierno, para que ahora la Ley de Usurpaciones pueda ser promulgada por el Presidente Boric.

Entre los elementos que se eliminaron del proyecto que despachó el Congreso, figura la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a un propietario recurrir a la fuerza propia para recuperar un inmueble tomado.

En cuanto a las llamadas tomas “no violentas” (según la terminología jurídica), punto que dividía al oficialismo y la oposición, el gobierno logró imponer su fórmula, que planteaba que, en estos casos, el juez resolviera si aplicaba una multa o el presidio.

“Las personas que por necesidad social desarrollan una ocupación están cometiendo un delito, pueden ser detenidas y se les puede aplicar medidas precautorias y pueden exponerse a una pena de cárcel. Lo que pasa es que no está asegurada la pena de cárcel, vamos a dejar que el juez pueda juzgar, evaluar, si en ese caso es más prudente aplicar solo una pena de multa”, señaló la ministra durante el debate.

Y agregó: “Idealmente no tengan que vivir en una situación de ocupación porque si lo hacen van a ser desalojadas de inmediato, van a poder ir a la cárcel, van a ser detenidas; estamos solamente generando la posibilidad de que el juez pueda evaluar que en esa caso quizás lo más prudente es no aplicar la cárcel, sobre todo si es primera vez, sobre todo si ese bien no había sido usurpado antes, sobre todo si ese bien lo restituyeron pacíficamente. Qué va a ganar Chile, qué va a ganar la política social, qué va a ganar la víctima con que esa familia vaya a la cárcel”.