Una gran polémica se instaló al interior del Gobierno luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, que propuso abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se encarga de proteger los derechos jurídicos, culturales y las tierras de los pueblos indígenas.

Por su parte, Barros sostuvo que el Convenio 169 establece diferencias entre ciudadanos en función de su origen étnico y cuestionó que determinadas personas puedan recibir un trato distinto en materias como beneficios, derechos o proyectos que afectan a sus territorios, por lo que constituyen una preocupación desde la visión del Ministerio de Defensa.

También el titular de Defensa indicó que el país debe avanzar en este tipo de legislaciones y estableció que el origen étnico puede provocar divisiones y conflictos.

Por otro lado, esto tuvo reacciones por parte del Ejecutivo, porque el biministro Claudio Alvarado marcó distancia en relación a un posible cambio. El vocero de Gobierno indicó que la postura que manifestó Barros no se traduce en las decisiones que pueda tomar el Palacio de La Moneda.

“No vamos a innovar en la materia“, aseguró en diálogo con Mesa Central de Canal 13.

Las declaraciones de Barros generaron críticas por parte de la oposición. El diputado del PPD y miembro de la Comisión del Trabajo, Héctor Ulloa, manifestó su indignación por la postura del ministro de Defensa.

“Lo que dice el ministro de Defensa, Fernando Barros, es lamentable, es un absurdo. Decir que Chile debe salir del Convenio 169 de la OIT y eliminar la Ley Lafkenche porque, según él, dividen a los chilenos, es desconocer la historia y la realidad de este país”, sostuvo.

Por otra parte, la diputada de RN, Ximena Ossadón, señaló que este tipo de decisiones deben ser debatidas por el Estado.

“El Convenio 169 ciertamente tiene algunas externalidades negativas, pero una decisión de esa magnitud debe ser debatida a nivel de Estado. Y todos sabemos que el Presidente de la República es quien lleva nuestras relaciones internacionales, entonces será la Cancillería, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia los que deban evaluar la medida y luego informarle al Presidente de la República, quien tomará las decisiones”, subrayó.

De esta manera, el debate abierto por el ministro de Defensa quedó, hasta el momento, acotado a una opinión dentro de sus pares. Mientras el ministro Fernando Barros plantea revisar estas normas y considera factible una eventual salida del Convenio 169, el Gobierno reafirmó, por medio del biministro, que el tratado continúa vigente y que no existe intención de innovar en esta materia.