En el contexto de la tramitación del proyecto de ley presentado por senadores de oposición que busca indultar a quienes permanecen en prisión preventiva desde el estallido social, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se abrió a la posibilidad de revisar, en forma separada a este proyecto de ley, la situación de personas que están en prisión preventiva ya que este proyecto deja afuera a quienes hubieran sido acusados por delitos similares pero en otros contextos.

Larraín participó este martes en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la que se analiza el proyecto que ha sido denominado como una "amnistía encubierta" por el oficialismo.

El secretario de Estado detalló que existen 227 personas formalizadas por delitos asociados al estallido social, 172 de los cuales permanecen en prisión preventiva y 55 ya fueron condenadas.

De este universo, 58 por ciento tiene ingresos anteriores al sistema penal por otros delitos, según confirmó el ministro.

"No queremos por la vía de la ley declarar inocente y decretar la impunidad a personas que cometieron eventualmente, y eso es lo que tienen que decidir los jueces, un delito determinado. No corresponde la ley de indultos, hay que revisar el tema de fondo, que es el de la prisión preventiva y estamos trabajando en esa materia", planteó.

Larraín dijo que "atendidos ciertos antecedentes que hemos conocido, por ejemplo el estudio de la Defensoría Penal, cerca de un 40 por ciento de las personas que están en prisión preventiva, una vez que termina el proceso en su respecto, o es declarado inocente o es condenado por penas que no son privativas de libertad. Uno puede entender que hay un margen de error y ese es el tema que deberíamos abordar".


En la misma sesión también expuso Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien sostuvo que "el proyecto de ley sobre indulto general busca reparar en parte las graves vulneraciones a los derechos humanos de que han sido objeto los miles de jóvenes que han sido encarcelados desde el inicio del estallido social por ejercer el legítimo derecho de la protesta social, desde la comprensible rabia, frustración e indignación contra un sistema que históricamente ha vulnerado sus derechos sociales y económica, como a sus padres y abuelos".

"Muchas de sus actuaciones calificadas como ilícitas pueden encuadrarse en el derecho de la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves de funcionarios del Estado dirigidos contra la población civil", sostuvo.

Además de Margotta expuso un abogado representante de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1, y Tania Parada, pareja de Giordano Santander, uno de los detenidos e imputado por delitos relacionados al estallido social.

La iniciativa deberá seguir su tramitación en las comisiones de Constitución y Seguridad Pública, antes de pasar a la Sala del Senado y posteriormente pasará a la Cámara de Diputados, donde ya se encuentran atentos al debate.

El diputado Diego Schalper (RN) dijo que "es de los proyectos más débiles que he leído desde que soy parlamentario. Primero, porque habla de indulto por delitos no condenados y para que sepamos, los indultos son respecto de delitos condenados".

"Aquí lo que correspondería, si tienen un mínimo de rigurosidad jurídica, es la amnistía. ¿De verdad creen que hay que indultar a alguien que ha cometido un homicidio frustrado o que ha cometido un delito de incendio con probabilidad de causa de muerte? Creo que va a quedar como una mala anécdota de algunos senadores de la oposición", añadió.

Por su parte, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) explicó que "aquí van a venir a testificar las personas que han sufrido de la delincuencia, del pillaje, de la destrucción, del saqueo, de la quema permanente por parte de estos verdaderos delincuentes y nosotros vamos no solamente a votar en contra, sino a combatir por todas las vías posibles que tengamos un proyecto como este".

El Gobierno ya adelantó que si esta iniciativa sigue con su avance utilizará su derecho a veto.