La hija menor del dictador, Jacqueline Pinochet Hiriart presentó una querella que fue declarada admisible, por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esta es una nueva y polémica arista judicial se abre en la siempre controvertida herencia del dictador Augusto Pinochet Ugarte. 

El conflicto enfrenta directamente a dos de sus hijos menores: Jacqueline Pinochet Hiriart, la menor del clan, quien presentó una querella en contra de su hermano mayor Marco Antonio, acusándolo de apropiarse indebidamente de parte importante del legado patrimonial dejado por el fallecido general tras su muerte en diciembre de 2006.

Jacqueline Pinochet pide que la Fiscalía investigue a su hermano y lo lleve a juicio para que sea condenado.

Según reportó el diario La Tercera, la acción legal fue declarada admisible la semana pasada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía Oriente.

En ella, Jacqueline sostiene que su hermano habría actuado sin consentimiento del resto de los herederos para administrar y lucrar con diversos bienes inmuebles.

La querella, presentada por el abogado Jorge García, detalla que están en disputa al menos ocho propiedades, entre las que se incluyen casas en balnearios, un departamento en Vitacura, una residencia en Los Boldos (Santo Domingo) y una parcela en El Melocotón, en San José de Maipo.

“La totalidad de los inmuebles antes señalados fueron objeto de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos ordenada por el 21 Juzgado Civil de Santiago, con motivo de acción civil iniciada por el CDE”, se lee en la acción judicial.

No obstante, la Corte Suprema permitió a los herederos arrendar dichas propiedades. Sin embargo, Jacqueline Pinochet afirma que jamás fue consultada ni recibió dinero alguno por dichos arriendos.

“Ahora bien, pese a lo anterior, la Corte Suprema autorizó a la sucesión la posibilidad de celebrar contratos de arriendo respecto de los referidos inmuebles”, asegura Jacqueline Pinochet.

Tras el fallecimiento de Lucía Hiriart en 2021, la menor del clan Pinochet señala haberse enterado de que los bienes se venían arrendando “sin tener alguna autorización de ella ni recibir dineros”.

Pero además, la querella va más allá de los hechos materiales. La denunciante sostiene que ha sufrido constantes descalificaciones al intentar esclarecer el destino del patrimonio familiar.

“Pese a los constantes requerimientos de información, estos siempre fuero rechazados, con insultos y descréditos de diversa naturaleza, que por lo general apuntaban a la situación familiar de la querellante, sus relaciones interpersonales y el supuesto favoritismo del que se le acusaba sin existir razón alguna para ello”, sostiene el documento judicial.

Además, acusa una actitud de exclusión sistemática: “La situación se volvió prácticamente incontrolable, toda vez que se le negó toda posibilidad de acceso a información respecto de cómo se estaban administrando ‘de facto’ los bienes muebles e inmuebles”, indica el libelo.

Aún más grave, se acusa un intento de aislamiento familiar, incluyendo una supuesta prohibición de visitar los restos mortales de sus padres, enterrados en el fundo El Boldo.

“Marco Antonio no ha escatimado esfuerzos durante todos estos años en desplegar actos de diversa índole con el solo objeto de privar a mi representada de cualquier relación con el núcleo familiar”, sentencia.

“Desde el año 2019 a la fecha el querellado ha negado acceso a mi representada al interior de la hacienda familiar ubicada en la comuna de Santo Domingo, loteo ubicado en el sector de Los Boldos de la señalada comuna, lugar en el cual se ubican varias cabañas y una capilla en la cual se encuentran los restos de los padres de mi representada, a la que desde la señalada fecha se le ha negado acceso, mediante amenazas y referencias a órdenes directas del querellado a los cuidadores del lugar con objeto de privar cualquier acercamiento al lugar, coartando de forma arbitraria la posibilidad de visitar los restos mortales de sus padres”, señala el texto legal.

La querella marca un nuevo capítulo en la siempre controvertida historia de los bienes del exdictador, cuya fortuna ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales, tanto en Chile como en el extranjero.

Ahora, será el Ministerio Público quien deberá determinar si los hechos denunciados por Jacqueline Pinochet Hiriart configuran delitos susceptibles de ser perseguidos penalmente.