Es una decisión histórica. Es primera vez que un fiscal regional queda en prisión por graves delitos.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en medio de las acusaciones en contra del otrora persecutor por el caso del abogado Luis Hermosilla, donde la justicia aludió a que el imputado es parte de un "sistema delictivo".
De acuerdo con la resolución, leída por el juez Guillermo Rodríguez, si bien algunos de los ilícitos de prevaricación y violacion de secreto estarían prescritos, otros delitos de cohecho "no se encuentran prescritos como dijo la defensa".
Además, respaldó la legalidad de la obtención de las conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, destacando la existencia de una "relación de interés".
En esta misma línea, establecieron también una "estructura de comunicación triangular entre Guerra, Hermosilla y Andrés Chadwick".
Tras la notificación de prisión preventiva, Manuel Guerra fue esposado y llevado por Gendarmería a la cárcel de Capitán Yáber.
Cabe recordar que Guerra fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.
En específico, el exfiscal es acusado de haber utilizado su cargo para favorecer al abogado Hermosilla, solicitando beneficios y filtrando información de investigaciones sensibles.
Ocho maratónicas jornadas de formalización
Vale mencionar que la decisión de dejar al exfiscal Guerra en prisión preventiva se tomó tras ocho maratónicas jornadas de formalización en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Durante dichas instancias, Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, explicó que la prisión preventiva se justificaba debido a que su libertad implica "un peligro para la seguridad de la sociedad".
"Por cierto, hay un peligro también de fuga, porque el hecho de que sean penas altas efectivamente da o puede dar un interés en huir de la acción de la justicia", señaló Carrera.
En tanto, la defensa del exfiscal concentró sus argumentos en que la obtención de los chats de Guerra fue ilegal y que la responsabilidad recaería en la fiscal metropolitana oriente, Lorena Parra.
"La declaración de Lorena Parra sería brutal, brutal en el sentido de cómo describe. No solamente describe que revisó esas conversaciones, sino que además detalla esas conversaciones, accediendo a contenidos respecto de los cuales no podía hacerlo en virtud de una resolución judicial", apuntó Cristián Martin, abogado defensor.
Asimismo, Felipe Polanco, otro de los abogados del exfiscal, indicó que no existían elementos suficientes que justifiquen la medida cautelar.
"Muchos de los delitos imputados no permiten la prisión preventiva, eso es clarísimo. Muchos de los delitos imputados están prescritos. Y finalmente, desde el punto de vista de la determinación precisa de la pena, que es uno de los criterios que debe considerarse para decretar la prisión preventiva, tampoco lo permiten porque, en todo caso, son penas bajas", argumentó.
