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Indulto a condenados de DD.HH. provoca rechazo de organización de Familiares de Ejecutados Políticos

La Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que busca eliminar el indulto presidencial para los condenados por crímenes contra los derechos humanos.
 
De esa forma se busca entregar la atribución a los tribunales de justicia de responder a las solicitudes de los presos y de los enfermos terminales.
 
 
La iniciativa, que ya fue ingresada al Congreso, establece que los reos que soliciten la amnistía deberán cumplir con una serie de requisitos específicos para obtenerlo: aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y demostrar arrepentimiento.
 
Reacciones
 
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que investiga las causas de derechos humanos, Mario Carroza, explicó que el proyecto se venía gestando hace tiempo.
 
“Creo que genera consenso porque trata de beneficios y trato a enfermos. No se refiere a la edad de los condenados para cumplir condena en domicilio, que es tema que divide las opiniones”, dijo.
 
Desde el gobierno comentaron la iniciativa, tomando la palabra el ministro de la Segpres Gabriel de la Fuente.
 
"El proyecto lo que pretende es regular los temas de acceso a los beneficios de libertad condicional y a otros de aquellas personas que están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad y que tengan enfermedades terminales o que sean personas enajenadas, locos o dementes", explicó.
 
De la Fuente recordó que la iniciativa elimina el indulto presidencial ante los delitos de lesa humanidad, pero le da la opción a los condenados de acceder a beneficios para cumplir su condena de forma alternativa -como el arresto domiciliario-, tras pedir perdón y entregar información relevante sobre los casos.
 
Al comentar la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad, el Ministro dijo que "hoy todas estas personas tienen derecho a recurrir a tribunales para los efectos de ser objetos de algún beneficio de las penas. Lo que se establece aquí es que en el caso de estas situaciones muy excepcionales, que son enfermedades terminales o demencia estas personas van a poder tener una manera alternativa del cumplimiento de penas, en tanto se cumplan ciertos requisitos, tales como el perdón y a la entrega de información relevante".
 
 
El secretario de Estado advirtió que "respecto de los indultos, establece que estas personas, al igual como lo establece la Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos terroristas no pueden ser objeto de indultos" y que si bien "la iniciativa pretende establecer ciertas reglas de orden humanitario, no tiene por objeto bajo ningún punto de vista favorecer a violadores de derechos humanos".
 
Sin embargo, no todos ven con buenos ojos el proyecto. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, tiene serias dudas frente a la propuesta del Gobierno.
 
“Resulta lamentable que se presente un proyecto cuando termina enero, en febrero no sucede nada y en marzo ingresa en nuevo Gobierno. Del proyecto valoramos que se retire la posibilidad de indulto al Presidente de la República, pero consideramos que, a pesar de todo, se siguen buscando leyes para entregar beneficios a los criminales de lesa humanidad”, afirmó Lira.
 
“Con este proyecto vemos que hay condiciones que hablan de la dignidad frente a los condenados, situación que creemos que nunca les ha sido arrebatada. Es más, tienen un trato diferenciado frente al común de los condenados”, acusó.
 
“Vemos que este proyecto, presentado al filo del tiempo, busca finalmente más beneficios para los victimarios antes que pensar en las víctimas. Queda la sensación que se dan más tiempo en pensar en los pobres ancianos condenados antes que en las víctimas y sus familiares”, concluyó.