La relación entre los ciudadanos latinoamericanos y sus instituciones se deterioró en los últimos años, poniendo en riesgo los avances socioeconómicos recientes, alertan este lunes la OCDE y otros organismos internacionales en un informe sobre la región.

 

“La falta de confianza se ha profundizado desde la crisis financiera mundial, de modo que la proporción de la población latinoamericana que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos alcanzó niveles cercanos a un 75% en 2017″, señala “Perspectivas económicas de América Latina 2018”.

 

Esta desconfianza es unos 20 puntos superior a la de 2006, precisa este informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina, en cooperación con la Comisión Europea.

 

Salvo el sistema judicial, en el que un 34% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe dijo confiar en 2016, el resto de indicadores sobre la confianza en las instituciones públicas retrocedieron en el decenio 2006-2016 y se sitúan por debajo de los registrados en la OCDE.

 

Casi uno de cada cuatro latinoamericanos expresó en 2016 su confianza en la honestidad de las elecciones, apenas un 15% pensaba que su gobierno estaba alejado de la corrupción y cerca de un 29% confiaba en su ejecutivo nacional.

 

Esta “creciente desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas (…) está poniendo en riesgo los avances socieconómicos de los últimos quince años en la región”, advierte el undécimo informe sobre América Latina y el Caribe centrado en las instituciones.

 

La insatisfacción se produce por las mayores aspiraciones de una creciente clase media y por los retos todavía pendientes, como las “grandes desigualdades” entre los grupos socieconómicos en la región.

 

La pérdida de confianza tanto en las instituciones como en los servicios públicos se plasma también en una menor voluntad de los ciudadanos para cumplir sus obligaciones con el Estado. En 2015, un 52% estaba por ejemplo dispuesto a evadir impuestos si era posible (46% en 2011).

 

Por ello, los autores del informe hacen un llamado a los países de América Latina y el Caribe a “repensar sus instituciones (…) para responder mejor a las necesidades y exigencias de la sociedad”.

 

Fomentar mayor integración comercial, reforzar los sistemas de rendición de cuentas o aumentar la eficiencia del gasto público y la recaudación de impuestos son algunas de las recomendaciones para lograr mayores ingresos y mejores empleos, así como Estados que presten buenos servicios.