La Asociación de Isapres afirmó que la propuesta del Gobierno para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema "sería la lápida del sector", acusando que "carece de toda factibilidad financiera".

Durante este lunes, autoridades del Ministerio de Salud y parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara de Diputadas y Diptuados y del Senado se reunieron para analizar una ley corta ante la crisis de las isapres.

Y si bien trascendió la cifra de hasta US$1.400 millones que deberían devolver las isapres por el fallo, este martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que el plazo de 24 meses que se apuntó no es para que las isapres paguen eventuales devoluciones, sino que es lo que se evalúa para poder aplicar una nueva tabla de factores. Adicionalmente, los desembolsos deberían hacerse mes por mes a través de excedentes, por lo que podrían ser más de 36 meses, aunque el plazo podría extenderse mediante un proyecto de Ley.

A través de un comunicado, desde la Asociación de Isapres indicaron que tomaron conocimiento de las cifras de eventuales devoluciones vinculadas al fallo de la Corte Suprema.

"Dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema Isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias", partieron señalando.

"Lo presentado no da viabilidad a las Isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos 'cobros indebidos', cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales", agregaron.

En esa línea, dijeron que "el proyecto que el Gobierno presente al parlamento debe ser factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de 3 millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año. No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema".

"Ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó el máximo tribunal. Lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales. Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas", cerraron.