Una serie de instrucciones envió la fiscalía Metropolitana Oriente a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en el marco de la investigación penal en contra del exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, en una arista derivada del caso contra Joaquín Lavín León.

La causa penal en contra del exdiputado que fue derrotado en la última elección y no pudo reelegirse, se abrió a partir de la declaración de su jefa de gabinete, quien reveló ante la fiscal Constanza Encina un mecanismo de devolución de dineros de asignaciones parlamentarias, esquema similar por el cual se investiga a la senadora Camila Flores (RN), llamada la "cuota Flores"

En un oficio reservado, el que dió a conocer el canal Mega, la fiscal Constanza Encina pidió varias diligencias a la PDI para esclarecer y tirar la hebra de un posible mecanismo para defraudar dineros destinados a asignaciones parlamentarias.

En ese sentido, la persecutora solicitó periciar el teléfono del exdiputado Fuenzalida, así como sus otros dispositivos digitales, para hacer una revisión exhaustiva de sus conversaciones, correos electrónicos y otras comunicaciones “vinculadas a los hechos investigados”.

La fiscal, además, pidió a la policía civil “identificar a la totalidad del personal de apoyo que haya prestado funciones o colaborado con el exdiputado durante el período comprendido entre los años 2018 y 2026”.

En esa lista –según reza el oficio– se incluyen todas las personas contratadas a honorarios y cualquier funcionario que haya prestado servicios bajo cualquier modalidad contractual que pudo haber percibido asignaciones parlamentarias.

En esa misma línea, otro de los oficios reservados que salieron del despacho de Encina tenía como remitente a Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados. La persecutora solicitó al funcionario que se le enviara todas las facturas rendidas y aprobadas por el exdiputado Fuenzalida entre los periodos 2018 a la fecha de cese del cargo: marzo del 2026.