La Democracia Cristiana (DC) le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que inicie una investigación y auditoria a la rebaja de impuesto de $1.400 millones que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le hizo a Penta por “gasto necesario” en abogados.

A través de una carta dirigida al contralor general, Jorge Bermúdez, el presidente del partido, Fuad Chahín, y los diputados Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, exigen que el ente fiscalizador establezca “las responsabilidades que corresponda conforme a la normativa legal y reglamentación correspondiente“.

Dentro de los nueve argumentos presentados por la DC, el último destaca la “falta de coherencia, de sentido técnico tributario y de mínimos principios de ética tributaria, las explicaciones dadas el día de ayer (miércoles) ante la Comisión de Hacienda por el Director del SII, en el sentido de que a su entender se debía ‘diferenciar’ los conceptos de ‘asesoría jurídica’ del de ‘costas judiciales’, y que todos los criterios referidos a no considerarse dichos gastos como necesarios para producir la renta, eran referidos a las costas judiciales y no por asesoría jurídica”.

“Por lo tanto, toda empresa tendría derecho a asesoría jurídica, omitiendo de modo manifiesto y no considerando las circunstancias en cuanto a que dicha asesoría era precisamente respecto de hechos derivados de la comisión de delitos e ilícitos que no pueden estar amparados por el concepto de gastos necesarios para producir la renta, toda vez que el giro de Empresas Penta entendemos no es ‘cometer delitos’ o ‘ser parte de la comisión de delitos'”, agregó.

Finalmente, el partido sostuvo en la denuncia que “a nuestro entender se ha faltado gravemente a la normativa, reglamentación, jurisprudencia y criterios vigentes en materia de gastos necesarios para producir la renta“.