Este lunes está fijada en el Tribunal Constitucional la audiencia pública -vía videoconferencia dada la emergencia sanitaria del Covid-19- para revisar el requerimiento interpuesto por un grupo de senadores de Chile Vamos, que busca declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo del Gobierno e incluir en el beneficio a violadores de derechos humanos.

El requerimiento en el TC representa un gallito político entre la coalición oficialista y el Gobierno, que además este lunes se ve profundizado por la decisión de un grupo de diputados de Chile Vamos de ingresar un nuevo requerimiento en la misma línea del presentado por los senadores de bloque.

El texto ingresado por diputados de RN, la UDI, Evópoli y del Partido Republicano despliega los mismos argumentos que el de los senadores al considerar inconstitucional que el indulto excluya a quienes cumplen condena por violaciones de los derechos humanos.

Entre los firmantes aparecen el presidente de RN Mario Desbordes, el presidente de la Cámara Baja Diego Paulsen, los diputados de ese partido Diego Schalper, Jorge Durán, Eduardo Durán, Jorge Rathgeb, Sofía Cid, Camila Flores, Andrés Celis, René Manuel García, Paulina Núñez, y los UDI Juan Antonio Coloma, Osvaldo Urrutia, Christian Moreira, Enrique Van Rysselberghe y Alvaro Carter, el Evópoli Pablo Kast, y el “republicano” Ignacio Urrutia.

En los hechos, el nuevo requerimiento paralizará aún más la promulgación de la ley y la posibilidad de que unos 1.300 internos dejen la cárcel y pasen a arresto domiciliario en medio de la crisis del Covid-19.

La ley aprobada beneficiará a personas privadas de libertad que no hayan cometido delitos graves, ser mayores de 55 años con ciertos requisitos, o ser mujeres embarazadas o con hijos menores dos años de edad, pero se excluye de este beneficio a todas las personas que hayan cometido delitos graves o violentos, entre los que se cuenta crímenes de lesa humanidad, lo que busca ser revertido por parlamentarios de la derecha ante el TC.

El requerimiento tiene enfrentados al Gobierno con su coalición, al punto que el ministro de Justicia Hernán Larraín sostuvo el día de la votación de la ley en el Congreso que  “lamentablemente la aprobación no nos va a permitir mañana tener a 1.300 personas afuera, porque hay un requerimiento que lo impide”. Es más, señaló que de prosperar el recurso de la derecha “90 violadores y abusadores infantiles y 26 homicidas saldrían con arresto domiciliario”.

El Gobierno ha intentado distender el ambiente con los senadores de la coalición, anunciando urgencia a la denominada "Ley Humanitaria", como fórmula para considerar a los internos de Punta Peuco en el beneficio. Pero este anuncio no dejó satisfechos a los senadores del sector que han insistido con el recurso.

Otra vía es la de los indultos que se elevan caso a caso al Presidente, un tema que este fin de semana fue abordado por el ex presidente Ricardo Lagos. En una entrevista, el exmandatario comentó que “en definitiva, esta es una facultad del Presidente. Me tocó un par de veces ejercerla. No es fácil. Decir algo más de lo que ya dije, cuál es mi sensación íntima. Pero quien tiene que resolver es el señor Presidente. De acuerdo al Ministerio de Justicia, hay 14 con informe final, y de ellos 6 corresponden a condenados por delitos de lesa humanidad.

Uno de los expositores en la audiencia pública en el TC, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sergio Micco, detalló que buscarán el rechazo del requerimiento, para de este modo evitar la dilatación de la ley. “No puede que se postergue en 30 días la implementación de la ley de indulto general porque los centros penitenciarios son una bomba de tiempo que debe desactivarse”, dijo el directivo en Radio Bío Bío.