Por María Cristina Prudant

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz no descansa buscando alternativas para hacer una mejor política, sobre todo, ante la bajísima evaluación de toda la clase política.  También espera que en breve tiempo se cumpla con las demandas de la ciudadanía porque “el tiempo apremia y eso Piñera lo sabe”

¿Qué balance hace usted del estallido social en estos momentos?
Creo que el estallido social ha sido una rebelión de las clases medias, que se produjo por el temor a la enfermedad grave y a la vejez, debido a un sistema de salud que puede significar gastos imposibles de solventar si se tiene que recurrir a la salud privada, y a pensiones indignas que pueden retrotraer a los sectores medios a una situación de pobreza. Y hasta ahora, esos temores no han sido resueltos por el gobierno. Hemos visto medidas al cuentagotas, y no el gran pacto social solventado por la justicia tributaria que se requiere.

¿Usted está de acuerdo que continúen las acusaciones constitucionales e interpelaciones a las autoridades?

Está desordenado el tema, ¿no debiera existir más coordinación entre los partidos de la oposición en esta materia?
Cada acusación constitucional debe ser evaluada en sus méritos, tanto políticos como jurídicos. Las interpelaciones no son ningún drama, pues les da una oportunidad a los ministros de exponer planes detalladamente, responder dudas e instalar mensajes. En cuanto a las acusaciones, preferiría que el Congreso pudiese estar debatiendo las profundas reformas sociales que el gobierno debería introducir, pero recordemos las numerosas acusaciones constitucionales en contra de ministros de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría presentadas por quienes hoy están en el oficialismo.

No hay que tener doble estándar

¿Qué opina sobre la conexión del grupo Quiñenco (Luksic) con La Moneda en el caso Big Data, que no se habría sabido nada si no es por la información entregada por un medio digital?
Todo este caso exige explicaciones más convincentes del Gobierno. Primero el Ministro del Interior nos dijo que se trataba de un informe que había utilizado información extraordinariamente sofisticada, después que la ANI no lo había elaborado, que el gobierno no lo había financiado, y supimos que el Fiscal Nacional no le asignó ningún valor. Y nos enteramos de que su contenido identificaba a Mon Laferte, los K-Pop, Gary Medel y otros como impulsores del estallido social, y, ahora, que Quiñenco había presentado al gobierno a la firma española que elaboró el informe. Una cadena de confusiones más típica de una película de los Tres Chiflados que de un episodio sobre fuentes de inteligencia.

¿Está usted de acuerdo con que el gobierno, sus ministros y la derecha sigan negando que en Chile se han violado los derechos humanos en el marco de la crisis social?
Es absolutamente imposible desconocer que en Chile no se han violado gravemente los DDHH durante la crisis social. La evidencia que hemos conocido, y la resumida en los informes de organizaciones internacionales de prestigio, como la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH, son abrumadoras al respecto.

La Reforma Tributaria, ya fue acordada, porque se supone que el proyecto mejoró. ¿Usted cree que lo que quedó pendiente como las exenciones tributarias se va revisar. ¿Por qué no lo hicieron ahora?
He planteado insistentemente que necesitamos un plan de justicia tributaria para financiar los gastos permanentes que supone un Pacto Social en serio. La ley corta se refería a modificar el proyecto de reintegración, pero no recauda los ingresos necesarios para las grandes reformas de pensiones, salud pública, endeudamiento, educación de calidad y salarios que el país necesita. Creo que es factible levantar 5 puntos del PIB si pagan más los que más tienen, si eliminamos exenciones tributarias y elusiones, si se tributan las ganancias de capital, etc. Para eso el Ministro Briones conformará una comisión amplia de economistas según conversamos una reunión que sostuve con él hace poco, y allí le di nombres de economistas de nuestro sector para colaborar con ese objetivo.

El acuerdo que lograron en la oposición por las pensiones, a su juicio es el correcto? Cómo esperan aumentar las pensiones del Pilar Contributivo con el 6% de cotización adicional, en cuánto tiempo más?
Efectivamente el acuerdo opositor por las pensiones es un esfuerzo serio para negociar con el gobierno. El incremento de 6 puntos del aporte  previsional, a cargo del empleador, para solidaridad permitiría elevar las pensiones de la clase media en al menos un 30% en breve plazo, acompañado de un paquete de equidad de género, un techo a las utilidades de las AFP, la participación de los cotizantes en los directorios de las AFP, y un conjunto adicional de propuestas que apuntan a que las personas reciban pensiones dignas. Por eso mismo, la propuesta del Gobierno acoge nuestra proposición de subir en 6 puntos la cotización previsional, así como otros puntos de nuestro planteamiento. Hay áreas de discrepancia como, por ejemplo, el que el gobierno divida los 6 puntos, destinando un 3% a cuentas individuales y un 3% a reparto. Pero hay un espacio para buscar un acuerdo.

¿Usted está de acuerdo que sigan las AFP a cargo de los fondos de los trabajadores, que a la larga reciben pensiones miserables? 
Estoy a favor de un sistema de seguridad social mixto, que genere pensiones dignas en el más breve plazo. Rechazo un mero maquillaje a las AFP. Se requieren cambios de fondo para transformar el sistema de capitalización individual en un sistema de seguridad social.

¿A tres meses del estallido social en qué está al debe el gobierno?
En proveer respuestas a las demandas sociales estructurales que la ciudadanía demanda. Todo ha llegado tarde y de manera episódica.

¿A tres meses del estallido social en qué está al debe la oposición con la ciudadanía?
En dialogar  más con el gobierno, en hacer propuestas y acciones de unidad opositora.

¿Es la oposición la responsable de la paz y seguridad del país?
Por cierto que no. El Gobierno es el responsable de mantener el orden público y la seguridad.
Lo único que se consiguió con las manifestaciones fue abrir la posibilidad de tener una nueva Constitución. ¿Usted cree que sigue vigente esa alternativa con toda la campaña en contra que está haciendo la derecha y el gobierno?
La ciudadanía movilizada consiguió la realización del plebiscito sobre una nueva Constitución con la alternativa de la Asamblea Constituyente. No diría que eso es “lo único que se consiguió”. ¡Ese fue un logro histórico! Y pienso que sigue plenamente vigente, pese a los intentos del oficialismo y de algunos personeros de gobierno de impulsar la misma campaña del terror del plebiscito del 88. Suponen que el generar miedo e incertidumbre sobre el futuro hará que menos gente vaya a votar o que sufrague por el rechazo. El gobierno debe hacerse responsable de lo que ocurra de aquí al 26 de abril, puesto que el propio Presidente de la República promulgó, en un solemne acto en La Moneda, la reforma constitucional para realizar el plebiscito sobre la nueva constitución.

Hay que continuar con la movilización para negociar

¿Su partido procurará que las próximas elecciones, incluidos los plebiscitos, cuenten con voto obligatorio? 
Estamos a favor de reponer el voto obligatorio para todas las elecciones y plebiscitos. Es lamentable que el gobierno esté presionando a sus parlamentarios que se mostraban favorables, para que ahora se opongan. La condición ciudadana incluye como base la obligatoriedad del voto, a mi juicio. La madrugada del 15 de noviembre en las últimas negociaciones de los párrafos del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, apoyé la obligatoriedad de los plebiscitos de entrada y de salida, pero solo se consiguió consensuar el plebiscito de salida o ratificatorio.