Una vez más SQM y el grupo Penta en la mira, junto a Pablo Longueira, uno de los personeros emblemático de la UDI.  Tras la petición que hizo la Fiscalía para reformalizar al ex gerente general de SQM Patricio Contesse, y al ex senador, la fiscal Paola Castiglione aclaró al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que en la presentación va a sumar nuevos antecedentes por soborno y por delitos tributarios.

 

La persecutora detalló que las imputaciones se relacionan, en específico, con una solicitud que hizo Contesse en 2010 al entonces senador Pablo Longueira para gestionar un proyecto de ley destinado a modificar el Código de Aguas que, finalmente, no se materializó.

 

También se sumarán los antecedentes por la incorporación a la Agenda de Competitividad -por parte del ex ministro de Economía Longueira- de 10 medidas, dentro de las que incluyó la reactivación de la industria del litio, que favoreció a la minera.

 

Hace algunos días se había anunciado que Pablo Longueira sería reformalizado por tras revelarse nuevos antecedentes respecto a gestiones que habría realizado a esa empresa para hacer cambios favorables para ellos en el Código de Aguas.

 

“La incorporación de nuevas conductas funcionarias desplegadas por Pablo Longueira que constituirían supuestos cohecho y soborno. A saber, la solicitud realizada por la empresa SQM al entonces senador para gestionar la presentación de un proyecto de ley destinado a modificar el Código de Aguas que finalmente no se materializó”, señaló el texto solicitado por la defensa del ex ministro.

 

 

Frente al tema, el abogado querellante en Penta y SQM,  en representación de “Fundación Ciudadano Inteligente”, Mauricio Daza, aseguró que “no me sorprenden estos antecedentes que se están dando”.

 

En diálogo con Cambio21, agregó que “esto se concreta en un contexto en que actualmente Pablo Longueira se encuentra formalizado por delitos reiterados de carácter tributario y de cohecho, en relación a coimas que se habrían pagado a cambio de realizar un conjunto de actuaciones en favor de la empresa de Julio Ponce. En este contexto, lo que nosotros esperamos es que el Ministerio Publico tome la decisión de indagar hasta esclarecer toda la verdad de lo sucedido, y a partir de aquello poder definir o descartar responsabilidades criminales, las que en todo caso en esta investigación, a nuestro juicio, se encuentran bien definidas y acreditadas”.

 

Además, enfatizó en que “si surgen nuevas empresas, podría generar nuevas causas para el ex senador, respecto de aquello que se vincula a SQM ante nuevos antecedentes se abran las respectivas aclaraciones”.

 

Por último, destacó que “no es un problema de leyes de más o leyes de menos, aquí hay normas para perseguir estos hechos, acá hacen falta personas que persigan estos hechos y hagan lo que corresponde”.

 

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS), declaró que “esta información refleja con mucha nitidez lo que fue el modelo de hacer política hasta hace pocos años, un modelo donde las grandes empresas formaban parte de las decisiones políticas que tomaban distintos actores, que aspiraban a ello o bien estaban en ese escenario, y aparecían completamente financiados por grandes grupos económicos, sin duda no hacían caridad con ello, si no que invertían en ellos”.

 

A ello, el parlamentario agregó a Cambio21 que “existen límites mucho más estrictos, existen todas las definiciones que evitarían volver a pasar por los mismos hechos”.

 

 

De hecho hace un tiempo se revelaron antecedentes que se suman a los sobornos de hoy. En una investigación dada a conocer por Ciper se detalló que entre SQM y otras 13 empresas se aportaron $1.300 millones de pesos, que pasaron por toda una red de boleteros, fundaciones y sociedades ligadas al entorno de Longueira, quien fue formalizado en marzo de 2016 por delitos tributarios y de cohecho.

 

El reportaje informa que esta cantidad de dinero sirvió para financiar campañas de personas que les faltaban recursos, tales como Pablo Zalaquett, Jorge Castro, Emilio Amstrong, Gustavo Alessandri, Paula Phillips y el mismo ex presidenciable.

 

El sitio accedió a la declaración judicial de Carmen "Coca" de Castro, una de las principales colaboradoras del expresidente de la UDI, quien afirmó que ese dinero iba a un fondo común para financiar campañas del partido.

 

"Respecto del destino de estos fondos, según lo que me dijo Titi (Valdivieso), estos correspondían a un aporte para un fondo común, para apoyar a los distintos candidatos a diputados, concejales, alcaldes en campañas vinculadas al partido UDI (…) Creo que Pablo Longueira apoyaba la recaudación de fondos para campañas de jóvenes candidatos a alcaldes, concejales y diputados, quienes tenían dificultades de financiamiento", dijo.

 

Entre los aportantes, aparte de SQM, se encuentra Copra, relacionada a la Universidad San Sebastián, y el grupo Penta, propiedad de Carlos Lavín y Carlos Délano, este último controlador del rechazado proyecto Dominga.