Por María Cristina Prudant

En una de las últimas encuestas de Criteria cuando se consulta por el “mejoramiento de la educación pública”, solo un 6% dice que ha avanzado y un lapidario 61% asegura que se está retrocediendo en este ámbito. La opinión ciudadana es válida de ser considerada como se destacan muchas otras opiniones sobre diversos temas. Entonces, la ministra de Educación Marcela Cubillos, tan cuestionada por su gestión, debe responder por lo que hecho en su calidad de autoridad.

Y una forma es a través de una acusación constitucional como la que presentó el Partido Socialista junto a la firma de 11 diputados de todas las bancadas de la oposición y ahora la ministra deberá responder ante la Cámara de Diputados y el Senado sobre los distintos capítulos que contiene dicha acusación en la que apuntan, principalmente a que "la ministra cree más en la educación como un bien de consumo que como derecho social. Ha hecho primar su visión ideológica, sus intereses personales por sobre las leyes vigentes de la república", así lo especificó en la presentación del documento el diputado Manuel Monsalve, quien es uno de los promotores de la iniciativa.

También se le cuestiona por faltar a la probidad y no implementar adecuadamente la desmunicipalización de los colegios. Otro de los focos de la acusación estaría puesto en la falta de información que ha entregado el Mineduc en los establecimientos respecto del Sistema de Admisión Escolar (SAE), proceso que inició el 19 de agosto pasado, en la Región Metropolitana. Por lo mismo, se apuntaría a la falta de preocupación por hacer cumplir dicha normativa.

Los capítulos de la acusación se refieren a: Falta a la verdad en la Admisión Escolar; Correos masivos enviados a los apoderados por “Admisión Justa”; Sistema de Educación Pública sin aplicación; Inejecución presupuestaria en Dirección de Educación Pública y el no pago de menciones a educadoras de Educación Diferencial y parvularios.

Los correos a los apoderados

 Uno de los reproches a la ministra es haber utilizado los correos electrónicos registrados en la plataforma informática del “Sistema de Admisión Escolar Online” no para comunicar a los padres y apoderados los procesos de admisión a colegios, sino que para promover un polémico proyecto de ley conocido como “Admisión Justa” y quejarse de los detractores del mismo.

Según un abogado constitucionalista, Cubillos, al actuar de esta forma vulneró la garantía del artículo 19 Número 4 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las personas la protección de sus datos, como también ha violado la ley  específica que desarrolla esa garantía constitucional.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick reiteró la posición del Ejecutivo frente a la acusación. "En este caso lo que hemos estudiado de la acusación constitucional (...) es que carece de todo fundamento jurídico. No hay ninguno de sus capítulos que pruebe que la ministra haya infringido la ley, porque no ha infringido la ley"

La ministra ha dicho que el uso de esta herramienta no tiene fundamentos. Por eso, la estrategia comunicacional de la autoridad ha sido señalar que la oposición está usando la acusación solo con fines políticos. Para Cubillos "las diferencias políticas no pueden enmarcarse como si fueran infracciones a la Constitución" y agregó que "más que acusar, se busca censurar"  

 Asegura que  tiene fe en que el libelo no va a prosperar, porque está basado en hechos falsos y otros "que ya fueron validados y respaldados por la institucionalidad"

Senador Andrés Allamand pide unidad

El esposo de la ministra, el senador Andrés Allamand (RN) en el tradicional comité político de La Moneda, ha destacado la necesidad de actuar en unidad y de defender a la ministra. Por ello, acordaron actuar de forma más coordinada en el Gobierno.

Cubillos deberá responder ante la Cámara de Diputados sobre los distintos capítulos que contiene dicha acusación. La Sala iniciará el debate sobre la cuestión previa y, por último se realizará la discusión  y, luego, la votación, que deberá ser aprobada por la mitad más uno de los diputados presentes en la sala. De aprobarse en esta instancia del proceso, pasará al senado, que actúa como jurado.

Otro aspecto del trámite de este libelo es la elección de una comisión  que analizará la acusación constitucional. Realizado el sorteo de los diputados en una tómbola quedó constituida por una mayoría oficialista y la presidirá el diputado UDI Celso Morales y la única representante de la oposición es Maite Orsini de Revolución Democrática.

En ese marco la comisión recibió la lista de invitados que tendrán según las propuestas hechas por la oposición con 27 personas y organizaciones y el oficialismo con 20 personas que serán contactadas por la secretaría de la comisión y convocadas según su disponibilidad.

El diputado Manuel Monsalve (PS), indicó que la comisión ha sido compuesta mayoritariamente por parlamentarios afines a la ministra, pero no hay que engañarse, no hay que sacar cuentas alegres".

"La decisión que importa es la que toma la Sala de la Cámara de Diputados y nosotros esperamos conformar mayoría para aprobar la acusación constitucional", añadió.

Tomás Hirsch (PH) manifestó que “creemos que hay fundamentos más que suficientes para aprobar esta acusación constitucional y esperamos que sea estudiada en forma responsable y que no haya aquí una defensa corporativa a la ministra”. Agregó que “por mucho menos se aprobó la acusación contra el ministro Beyer y contra la ministra Provoste”.

Diputado Walker (DC): “vamos a estudiarlo”

"Acá hay una acusación sólida, consistente, con argumentos muy serios respecto de transgresiones de la ministra, tanto a la Constitución como a la ley", destacó.

El diputado Matías Walker (DC) dijo que "vamos a estudiarlo y yo creo que también es muy importante respetar el principio de bilateralidad de la audiencia, lo digo como presidente de la Comisión de Constitución y estudiar también la defensa de la ministra acusada"

"Yo creo que hacen mal los diputados en prejuzgar el resultado de la acusación sin antes leer la acusación propiamente tal y también la defensa de la ministra", añadió.

"Este es un instrumento de fiscalización excepcionalísimo en nuestra legislación y, por lo tanto, vamos a tomarnos con mucha responsabilidad esta acusación, vamos a estudiarle en su mérito", concluyó Matías Walker. FIN RECUADRO

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la acusación constitucional. Se refirió particularmente a la gira por el país en que Cubillos promovió el frustrado proyecto de Admisión Justa, y que se realizó mientras comenzaba a operar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

"La ministra, en vez de implementarlo, en vez de nombrar las autoridades, en vez de tomar medidas para resolver los graves problemas que ya estaban siendo denunciados, estaba haciendo gira por el país, difundiendo una ley que no existía. Y no cumpliendo una ley que sí existía", sostuvo el presidente del Magisterio.

Profesorado apoya acusación

Mario Aguilar condenó que Cubillos no haya dado cumplimiento a la Carta Magna en esa fecha. "Un ministro de Estado tiene como principal obligación el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y eso es lo que no se apreció durante toda esta etapa y en estos temas que yo he denunciado", apuntó.

"El profesorado en general está bastante descontento con la gestión de la ministra", al tiempo que aseveró que hace días cuando se consultó entre el gremio la idea de respaldar la acusación. "Un asambleísta presentó la moción de apoyar la acusación constitucional y fue aprobada de forma unánime. No hubo un solo voto en contra".

Por lo tanto, el dirigente pidió en nombre de los profesores que los diputados actúen en conciencia y respalden este libelo acusatorio en su eventual votación, programada para después de las Fiestas Patrias.

Cabe señalar que desde el retorno a la democracia, solo dos ministros han sido destituidos a través de este mecanismo: Yasna Provoste (2008) y Harald Beyer (2013), ambos de Educación.

Ernesto Treviño, Director del Centro UC para la Transformación Educativa,  se pronunció respecto a la situación de la educación, la gestión de la ministra Cubillos y la acusación constitucional.

“Si uno revisa el nivel de las acusaciones constitucionales a ministros de educación previos las cosas han sido similares a la actual. Más allá de las bases que se puedan tener para las acusaciones  hay unas ciertas características, más o menos constante, del espectro, de la élite política. No se han portado bien para lado y lado. Considerar  la acusación contra Provoste y Harald Beyer de verdad es más bien de carácter político que de los visos técnicos inconstitucionales que pudieran haber tenido  sin pretender ser un experto constitucionalista”.

“Se desdeña la evidencia”