La información fue revelada en un reportaje del medio de investigación Ciper, que accedió a una serie de correos electrónicos que revela que Jorge Geldres Bacigalupo, quien en 2018 era asesor del gabinete del ministro de Economía, preguntó a los profesionales de Sernageomin por tramitaciones relacionadas con Pampa Camarones. El 16 de noviembre de ese año, a través de un correo, requirió información sobre el "estado de solicitud" del proyecto minero donde la familia Piñera Morel es uno de sus principales inversionistas.

«No fue el único email. En otras cuatro ocasiones, entre noviembre y diciembre de 2018, asesores del Ministerio de Economía se comunicaron con Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería, que se encarga de otorgar permisos sectoriales) para preguntar por el estado de una solicitud ingresada por Pampa Camarones, proyecto que necesitaba la autorización de su método de explotación subterránea para reactivar las faenas» señala la investigación periodística.

Entre los destinatarios de los correos electrónicas estaban Pablo Rivas Muñoz, entonces subdirector de Sernageomin, y Jorge Vargas Villar, funcionario que trabajaba en la misma área del organismo y Agustín Eyzaguirre Prieto, otro de los asesores de Economía durante el segundo mandato de Piñera.

Jorge Geldres y Agustín Eyzaguirre eran para entonces asesores directos del entonces ministro de Economía, José Ramón Valente, para "asesorar al ministro en materias económicas vinculadas a la competitividad, emprendimiento e innovación de las empresas y otras de carácter general relacionadas a las actividades del ministerio".

Este proyecto fue una de las prioridades durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, donde buscaron apurar las autorizaciones para proyectos de inversión.

En sus inicios, la Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) apoyó 220 proyectos de distintos rubros por $58.260 millones de dólares, entre ellos, Minera Dominga, actualmente del amigo de la infancia de Piñera, Carlos  «choclo» Délano y con participación de la familia Piñera Morel, cuya compraventa se realizó en las Islas Vírgenes Británicas.

Pero no sería el único caso, pues también figura Pampa Camarones, el proyecto minero más grande en el que tiene participación la familia del expresidente y que existe gracias a las gestiones realizadas durante sus dos gobiernos. «En reportajes anteriores, CIPER reveló que durante el primer mandato de Piñera, a través de Corfo, sus gestores obtuvieron el financiamiento y, en el segundo, le otorgaron lo permisos ambientales, en esto último, la oficina GPS jugó un rol relevante» señala el reportaje.

«La familia Piñera Morel está presente en tres fondos de inversión privados (FIP) que han participado de la propiedad de Pampa Camarones: Esperanza, Coinversión Minería Activa Tres y Pampa Camarones. Recientemente, este último fue reemplazado por una sociedad por acciones, en la que los Piñera están presentes a través de Inversiones Santa Cecilia. De acuerdo con las escrituras oficiales que CIPER tuvo a la vista, la familia del expresidente participa en FIP o sociedades que poseen el 61,5% de las acciones del proyecto» agregan.

En los correos publicados por Ciper, funcionarios de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables insistían en preguntar a funcionarios del Sernageomin por la tramitación del proyecto de Explotación Subterránea de la Mina Salamanqueja, perteneciente a Pampa Camarones. «Ese proyecto inició su tramitación el 18 de julio del 2018 para finalmente ser aprobado el 4 de marzo de 2019. Todo ese proceso estuvo a cargo de Fernando Álvarez, el ex gerente general de la minera».

La aprobación por parte de Sernageomin le permitió a Minería Activa, de los Larraín Vial, lograr el financiamiento necesario para reactivar el yacimiento de cobre y no perder a sus inversionistas.

«Todos los contactos entre los titulares de los proyectos y el equipo de la GPS debían quedar registrados en la plataforma de lobby del Ministerio de Economía. Sin embargo, no existen registros de reuniones de lobby entre representantes de Pampa Camarones y los funcionarios públicos a cargo de la oficina GPS» señala el reportaje, un hecho de suma gravedad.