Un grupo de militantes del Partido Socialista, que van desde diputados a alcaldes e integrantes de los comité de las diferentes regiones, firmaron una carta criticando al gobierno, a raíz de su actuar desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre, así como al énfasis que se ha puesto en la violencia.

“El Gobierno, en la misma medida que resulta incapaz de dar una coherente respuesta estratégica a la crisis de gobernabilidad que vive el país y, como inevitable demostración de su impotencia, refleja dos visiones de lo que se debe hacer: una es dialogar y abrir paso al itinerario que lleva a una nueva Constitución y la otra es la tentación autoritaria que cobra fuerza en la majadera insistencia de recurrir a las Fuerzas Armadas como instrumento primordial para reponer el ‘orden público'”, apunta la misiva, que tiene entre sus firmantes a los diputados Fidel Espinoza, Leonardo Soto; y las diputadas, Jenny Álvarez y Daniela Ciccardini.

Según agregan “un gobierno de derecha que pretende desmarcarse de la dictadura de Pinochet repite sus mismos pasos”, enfatizando que se “ignora el malestar popular y la rabia por las violaciones a los Derechos Humanos”, a la vez que se busca instalar que el problema de fondo es la violencia, “escogido como el argumento para dividir a la oposición” según señalan en la declaración dada a conocer por La Tercera.

“Residuos autoritarios, insertos en el piñerismo, manipulan la línea divisoria entre lo legítimo y lo ilegítimo instalándola en un punto hecho a la medida: obligar a apoyar las decisiones coercitivas del gobierno, en especial, el uso del instrumento castrense en la política interna”, apuntan al respecto.

Cabe recordar que el pasado sábado 24 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso de un proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la protección de infraestructura crítica “sin la necesidad de establecer Estado de Excepción Constitucional”.

Esta medida no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición, por un lado debido a que fue ingresada como una modificación a la Ley Orgánica de las FF.AA., y no como una reforma constitucional, y por otro, a la exención penal para los uniformados, que se aplicará de acuerdo a la ley vigente.

Las críticas de parte de la oposición llevaron a que desde el Gobierno, señalaran que están trabajando en cambios para el proyecto.

“La idea de que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, es mucho más que ello, es la presentación de una estrategia de fuerza en que el factor castrense queda establecido como un punto determinante”, señalan al respecto la carta de los militantes del PS, enfatizando que en caso de aprobarse “Chile retrocederá 30 años de trabajoso y lento avance hacia la reinserción institucional de los uniformados sin que participaran en política contingente, así como, en el pleno respeto a la dignidad de las personas”.

Según apuntan, este enfoque en la violencia es un “falso dilema, hecho para desviar la atención de lo fundamental y justificar la inacción o el doble discurso frente a la violación de los Derechos Humanos”.

“No tenemos dobles lecturas, rechazamos categóricamente los saqueos y la violencia que atenta contra los sectores populares y sus fuentes de trabajo, pero esta problemática se enfrenta utilizando a Carabineros en el resguardo de la sociedad civil, y  por medio de una decidida agenda de derechos sociales garantizados que se haga cargo de las demandas enarboladas”, puntualizan.

Cabe mencionar, que desde hace unos días, desde diferentes sectores del Partido Socialista, se ha planteado el tema de que la democracia se encuentra en riesgo producto de los hechos acaecidos, inicialmente fue a través de una carta firmada por figuras históricas del partido, quienes mencionaron que “en estos difíciles momentos hay quienes, de buena fe o movidos por radicalizadas e interesadas visiones, propagan la idea de que en Chile no hay democracia, lesionando la cohesión social y sembrando la desconfianza en torno a este noble valor”.

Esta idea, fue reforzada por José Miguel Insulza, quien apuntó que “la violencia ha puesto en peligro la democracia”, enfatizando que “si la violencia sigue como está ahora, eso no es democracia. Acá tenemos un peligro de quiebre democrático mayor. Y ese quiebre puede venir de ya sea que salgan los militares a hacerse cargo de la situación o que haya propiamente confrontación civil”.

Al respecto, en esta nueva misiva desde el partido detallan que “declaramos con profunda convicción que debemos resguardar ahora los cimientos del régimen democrático”, pero señalando que “no son las personas quienes los colocan en cuestión, sino que es un problema interno de la propia naturaleza del sistema económico vigente: la desigualdad”. 

Es así, como apuntan que “mientras las autoridades no den señales claras de una voluntad por corregir estructuralmente, entre otros, el modelo de Previsión Social, las Isapres, el CAE, que constituyen problemas de fondo del sistema de vida que tenemos, en la misma medida no se resolverá el desafío que está planteado”.

Finalmente mencionan que “nuestro compromiso se dirige a sacar adelante el Plebiscito y avanzar hacia una nueva Constitución, a través de una Convención Constituyente (Asamblea Constituyente), cuyos miembros sean electos y representen la amplísima diversidad de nuestro país, social, de género, indígena, sexual, cultural, regional y territorial, de modo de asegurar su carácter participativo”, a la vez que  mencionan que abogarán “por una política de verdad, memoria y justicia por todas y todos aquellos que han sufrido la represión estatal durante este periodo, y por  la consecución de una agenda social de derechos garantizados que permita avanzar, junto a las organizaciones de la sociedad civil”.